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El asambleísta Raúl Chávez fue vinculado al Caso Goleada, en el que la Fiscalía investiga presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. El Juez de la causa acogió el pedido del Fiscal y dispuso prisión preventiva como medida cautelar.
El asambleísta Raúl Chávez, del movimiento Reto, fue vinculado al Caso Goleada, una investigación que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y a otras 10 personas. El legislador anunció que se defenderá en libertad, alegando que no es delincuente.
El Juez de la causa acogió el pedido del Fiscal y dispuso prisión preventiva como medida cautelar contra Chávez. Además, ordenó la inmovilización y el congelamiento de los fondos que mantiene el procesado en el Sistema Financiero Nacional, y que la instrucción fiscal se extienda por 30 días adicionales.
“No le vamos a regalar la libertad absolutamente a nadie. Nosotros no somos trofeos de ningún político”, expresó en un video publicado en X, horas antes de que se desarrollara la audiencia de vinculación.
La tarde de este 27 de marzo se desarrolló la audiencia de vinculación del legislador al caso que investiga la Fiscalía por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.
Luego de exponer los elementos de convicción que permitirían presumir la participación de Chávez en el delito, la Fiscalía solicitó que se le imponga la medida cautelar de prisión preventiva.
El juez suspendió la audiencia para analizar los argumentos expuestos por los sujetos procesales y resolver si acepta o no el pedido de medidas cautelares formulado por la Fiscalía. La diligencia se reinstalará a las 19:00.
Chávez aseguró que en Ecuador existe una justicia “tomada” y que no hay garantías, aunque reiteró que se defenderá por la vía legal.
También se refirió a la situación de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, quien —según indicó— permanece privado de libertad desde hace dos meses en una cárcel de máxima seguridad, en el marco de una investigación.
Añadió que otras personas que han cometido actos de corrupción o atentados contra el Estado permanecen en libertad, como si no hubieran cometido ningún delito.
El legislador sostuvo que ahora existe una persecución en su contra por motivos políticos. Afirmó que, presuntamente, se habrían enviado emisarios —sin precisar quiénes— para que entregue el movimiento Reto; sin embargo, dijo que se negó porque no corresponde a sus principios.
Finalmente, indicó que la Fiscalía General del Estado le solicitó comparecer a una versión libre y voluntaria, en la que —según afirmó— no le habrían realizado preguntas.
