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El CNE aseguró que el cambio de fecha de las elecciones de 2027 responde a un ajuste técnico y no constituye comicios anticipados. Sin embargo, organizaciones y juristas advierten posibles afectaciones a la equidad, la seguridad jurídica y la confianza en el proceso democrático.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) aclaró que el cambio de fecha de las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027, del 14 de febrero de 2027 al 29 de noviembre de este año, no se trata de comicios anticipados.
Según el organismo electoral, las votaciones adelantadas ocurren cuando el mandato de las autoridades elegidas finaliza antes del período constitucional, que es de cuatro años.
La entidad insistió en que la nueva fecha responde a una actualización técnica del calendario y que la posesión será el 14 de mayo del próximo año, con el fin de garantizar la continuidad institucional.
Además, el CNE aseguró que los votos serán escrutados el mismo día de la votación. Sin embargo, los partidos políticos podrán interponer recursos, los cuales serán resueltos hasta el 13 de febrero de 2027, fecha máxima para la proclamación de resultados.
Por su parte, la Corporación Participación Ciudadana mostró su preocupación ante la decisión del CNE de adelantar los comicios seccionales. La entidad considera que, si bien esta resolución está dentro de las competencias del organismo, afecta varios principios democráticos.
Uno de ellos es el principio de equidad, ya que varias organizaciones políticas se encuentran en proceso de organización interna de cara a una elección que inicialmente estaba prevista para febrero de 2027.
Asimismo, señaló que modificar una fecha que ya estaba aprobada y socializada vulnera los principios de seguridad y certeza jurídica.
El CNE debe demostrar su imparcialidad e independencia, ya que sus decisiones deben adoptarse con apego a criterios técnicos, de forma oportuna y no coyuntural; de lo contrario, se lo coloca innecesariamente en entredicho.
“Cuando estas decisiones afectan a los actores en contienda electoral, se erosiona la confianza en los árbitros democráticos”, señaló en un comunicado.
El jurista Esteban Ron cuestionó las declaraciones de Diana Atamaint, quien afirmó que son la máxima autoridad, cuando —según él— no lo son.
“Las instituciones estatales deben colaborar con el proceso y, en caso de interrupción, el CNE denunciará como infracción ante el TCE, el cual, mediante sentencia, podrá destituir a los funcionarios que interfieran con el proceso electoral”.
