La candidata Joselyn Vásquez cuestiona la validez del padrón electoral en Caranqui, señalando inconsistencias en el número de empadronados y riesgos de irregularidades en la votación. Además, plantea preocupaciones sobre necesidades básicas no atendidas y la priorización de obras.

Joselyn Vásquez, candidata a presidenta de la parroquia de Caranqui, también cuestionó el padrón electoral que se utilizará en las elecciones de los consejos parroquiales urbanos de Ibarra.
Es ingeniera en Gestión del Desarrollo Social y cuenta con una maestría en Educación Básica. Tiene 30 años, es oriunda de El Ejido de Caranqui, pero actualmente reside en San Francisco de Chorlavisito.
La candidata de la Lista 2 centra sus críticas en que en la parroquia hay 24.000 habitantes y que, según conoció, están empadronadas 8.000 personas; por lo que varios habitantes de esta localidad le han comunicado que no están registrados. En esta parroquia terciarán tres listas de candidatos en el actual proceso electoral. A Vásquez la acompañan Shofre Vallejos, como aspirante a vicepresidente; Elena Reyes, secretaria; Isabel Cacuango y Darwin Torres, vocales principales; y Omar Venegas y Gladys Flores, vocales suplentes.
Su pedido ante la Dirección de Participación Ciudadana fue que se haga público ese padrón y que no se realicen cambios.
Al igual que otros candidatos, le preocupa que un mismo empadronado pueda sufragar en los tres recintos que se instalarán en esta localidad.
Según Vásquez, Caranqui tiene múltiples necesidades. En sus acercamientos con dirigentes barriales y comuneros, le informaron sobre la falta de vías de acceso a varias comunidades.
Una de ellas es la comunidad de Turupamba, que además no cuenta con el servicio permanente de agua potable; sin embargo, actualmente en el sitio se construye un centro cultural y deportivo.
En San Francisco de Catzoloma se realizó el levantamiento de datos, pero no hubo seguimiento a ese trabajo.
Vásquez señaló que, en cuanto a la intervención municipal, lo normal sería la priorización de obras. En el caso del consejo parroquial urbano, este cuenta con presupuesto participativo y, de acuerdo con las necesidades de barrios y comunidades, se levantan los proyectos.
Sin embargo, la aspirante cuestiona que hay obras que no contribuyen a las necesidades de esta parroquia.
La plaza de Atahualpa, remodelada hace 12 años, es nuevamente intervenida con un costo de 598.000. Vásquez considera que no es pertinente realizar otro mejoramiento en el mismo sitio, existiendo necesidades básicas insatisfechas dentro de la parroquia.

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