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El expresidente Álvaro Uribe denunció que grupos armados irregulares han tomado control de la frontera entre Colombia y Ecuador, afectando la seguridad, el empleo y el comercio binacional. Además, pidió fortalecer la cooperación entre ambos países para recuperar el control territorial.
El expresidente Álvaro Uribe denunció que la frontera entre Colombia y Ecuador ha caído bajo el control del “narcoterrorismo” de las FARC, lo que ha provocado un deterioro crítico en la seguridad y la economía regional.
Uribe señaló que la falta de control estatal está permitiendo que grupos armados impongan dinámicas políticas en los territorios fronterizos, llegando incluso a presionar a la población para apoyar candidaturas específicas de la izquierda colombiana.
Según el exmandatario, esta situación no solo amenaza la soberanía, sino que también destruye la confianza necesaria para mantener el intercambio comercial binacional.
En el ámbito económico, Uribe advirtió que la crisis ya se traduce en la pérdida de miles de empleos y en una parálisis en ciudades clave como Ipiales y Cali. El líder del Centro Democrático destacó que el comercio binacional, valorado en aproximadamente 2.000 millones de dólares anuales, enfrenta riesgos logísticos sin precedentes debido a la presencia de estas estructuras criminales.
“La frontera está manejada por el narcoterrorismo”, enfatizó Uribe, al criticar la actual gestión de seguridad y alertar que, sin una intervención firme, las empresas y los sectores productivos que dependen del mercado ecuatoriano continuarán enfrentando cierres y recortes.
Ante este panorama, Uribe respaldó la propuesta de la senadora Paloma Valencia de recomponer de inmediato la relación con el gobierno de Daniel Noboa. La estrategia planteada busca establecer una coordinación directa entre Bogotá y Quito para recuperar el control de los pasos fronterizos y reactivar el comercio mediante acuerdos de seguridad mutuos.
Para el exmandatario, la solución requiere abandonar la actual pasividad frente a los grupos armados y priorizar una alianza estratégica con el gobierno ecuatoriano que garantice la protección de los transportistas y la estabilidad económica de la región.
