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Escenas de desesperación, impotencia, dolor y falta de información, fue el escenario que se vivió durante el traslado de 300 personas privadas de libertad hasta la cárcel de «El Turi», ubicada en Cuenca. Muchas personas no sabían si sus allegados estaban o no entre los trasladados y otros, reclamaban porque no deberían llevarse a los internos sin sentencia.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), en el marco de su Plan Estratégico de Intervención del Sistema Penitenciario, ejecutó un nuevo operativo de seguridad orientado a reducir el hacinamiento, fortalecer la gobernabilidad y restablecer el orden en los centros de privación de libertad del país. La noticia cayó como un ‘baldazo’ de agua fría para los internos y sus familiares, quienes acudieron masivamente al barrio San Martín, centro de Ibarra, para despedirse de ellos desde lejos.
«Como parte de la gestión institucional se llevó a cabo el traslado técnico de 300 personas privadas de libertad (PPL) desde el Centro de Privación de Libertad Imbabura hacia el Centro de Privación de Libertad Azuay, en una acción articulada con Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria», informaron desde el SNAI. El principal reclamo de las familias fue que en el grupo estaban reclusos sin sentencia y no otros, según creen, no representaban un peligro.
¿Cuál fue el criterio técnico para ejecutar el masivo traslado?
Desde el SNAI informaron que el operativo se desarrolló bajo la aplicación rigurosa de protocolos de seguridad y estándares de derechos humanos, garantizando condiciones adecuadas durante todas las fases del proceso. Esta intervención responde a criterios técnicos de clasificación, seguridad y gestión penitenciaria. «Previo al traslado, el CPL de Imbabura registraba un 105% de hacinamiento, situación que limitaba la operatividad institucional, afectaba las condiciones de habitabilidad y dificultaba el control interno. Con la ejecución de este operativo, se logra una reducción efectiva de la sobrepoblación, permitiendo recuperar condiciones adecuadas para la seguridad, el orden y la convivencia», aseguraron.
Según el listado de trasladados al que accedió LA NARANJA EC, 79 reclusos fueron trasladados como medida urgente de seguridad y no tienen una condena, 83 tienen sentencia ejecutoriada de uno a cinco años, 69 tienen condenas de seis a 10 años, 37 PPL cuentan con sentencia de 11 a 20 años, 24 reclusos tienen penas de 21 a 30 años y ocho internos purgan sentencias mayores a 30 años de cárcel.
Una respuesta que no convence a los familiares
Mediante un comunicado, indicaron que, en el ámbito de la seguridad, estos traslados estratégicos constituyen una medida clave para debilitar estructuras del crimen organizado que operan al interior de los centros, consolidando el control progresivo del Estado sobre el sistema penitenciario. Sin embargo, en todas las prisiones, operan los miembros de grupos delictivos organizados, por lo que únicamente, el ‘problema’, se trasladaría de lugar.
«A los presos les extorsionan, les maltratan los mismos internos, eso si no hacen público, eso no cuentan ni hacen nada. No dan información ni explicaciones y no piensan en que ellos también son seres humanos. Les van a llevar a una cárcel ubicada a 12 horas de Ibarra y no vamos a poder viajar a visitarlos. En las cárceles regionales se contagian de enfermedades, no tienen medicina, tenemos miedo de volverlos a ver en ataúd», mencionó una mujer, quien esperaba por noticias sobre su hijo, a pocos minutos de que se ejecute el traslado.
