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La planta de asfalto de Ambuquí continuará operando hasta septiembre con respaldo de permisos oficiales, pese a las protestas de moradores por presunta contaminación. Autoridades y empresa acordaron su traslado posterior, mientras persisten acciones legales y compromisos comunitarios.
La planta de asfalto que opera en la parroquia Ambuquí, en el norte de Ibarra, seguirá funcionando hasta septiembre próximo; un mes después deberá trasladarse a un nuevo sitio.
Moradores de Ambuquí cerraron el miércoles pasado la vía Panamericana (E-35) para exigir que la planta deje de operar por una supuesta contaminación.
La medida de hecho obligó a realizar una nueva reunión de emergencia con delegados de instituciones públicas, en la que se exhibieron los permisos de operación. En ese contexto, Gonzalo Díaz, representante de la planta asfáltica, indicó que se le otorgó un nuevo plazo.
El técnico señaló que, ante la reiterada oposición de los vecinos de Ambuquí —quienes en más de una ocasión han cerrado la E-35—, se presentó una acción de protección en contra de 13 habitantes de la parroquia identificados durante la manifestación.
Moradores también presentaron un recurso similar en contra del Municipio, el cual no habría sido aceptado.
La planta cuenta con permisos del Ministerio del Ambiente y Energía, la Prefectura de Imbabura y el Municipio de Ibarra. En la primera institución se realizó, hace dos años y medio, el trámite para determinar si la actividad era de alto o bajo impacto; esa cartera de Estado concluyó que se trata de una actividad de bajo impacto.
Una vez obtenido el permiso ambiental, la Prefectura quedó a cargo de la vigilancia del cumplimiento de las normativas vigentes para evitar contaminación ambiental, incluido el monitoreo de gases y ruido, a fin de que no excedan los parámetros permitidos.
El Municipio de Ibarra concedió el uso de suelo, ya que la planta está ubicada en una zona minera, es decir, industrial, de Ambuquí. Tras cumplir con todos los requisitos, iniciaron operaciones; previamente, la Prefectura había suspendido la planta hasta la obtención del permiso municipal.
La planta puede llegar a producir 200 metros cúbicos en una jornada laboral de ocho horas.
Según Díaz, la planta ha realizado actividades en beneficio de la comunidad, como apoyo a la escuela, la unidad policial y el subcentro de salud. Incluso, por intermedio de la Junta Parroquial, se efectuó un conversatorio en Ibarra, donde se acordó que la planta trabajaría hasta el 31 de marzo pasado y que la empresa retiraría la denuncia en contra de las 13 personas.
Díaz explicó que la planta está a cargo de proyectos de asfaltado en Imbabura y Carchi que debían entregarse hasta febrero pasado. Sin embargo, debido a un incendio ocurrido el año pasado en la Refinería de Esmeraldas, no se contó con asfalto durante cuatro meses. A esto se sumó un paro de un mes en la provincia de Imbabura, lo que también impidió laborar.
Es decir, la planta estuvo cinco meses sin trabajar, lo que retrasó la entrega de las obras.
En el convenio también se incluyó el asfaltado de aproximadamente 2.000 m² de una vía que conduce al cementerio de la localidad. La inversión, según Díaz, bordearía los 25.000 dólares.
En abril, Díaz indicó que recibió llamadas de personas de la parroquia para que, supuestamente, la planta continúe operando en el mismo sitio.
En una nueva reunión se integró un comité con el respaldo de 65 firmas, a cambio de que la empresa continúe con las obras para la comunidad.
