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Un psicólogo del sistema educativo fue destituido por un supuesto abandono injustificado, pese a tener vacaciones aprobadas y ser trabajador sustituto de un familiar con discapacidad. Su defensa presentó una acción de protección al considerar vulnerados sus derechos.
Un profesional del área educativa fue destituido por el Distrito de Educación 10D01 por un supuesto abandono “injustificado” del trabajo.
Este psicólogo de profesión ha trabajado en diferentes instituciones educativas sin haber tenido inconvenientes, así lo asegura Lorena Pabón, abogada defensora.
Sin embargo, la decisión administrativa del Ministerio de Educación no tomó en cuenta que las vacaciones fueron aprobadas por su autoridad inmediata, ni que es trabajador sustituto de un familiar con discapacidad.
Por ello, interpusieron una acción de protección para que el servidor público sea restituido a su cargo. La jurista indicó que presentaron este recurso en la vía constitucional por considerar que existe una vulneración de los derechos del trabajador. Pabón estima que el proceso tomará alrededor de cuatro meses.
El caso involucra a la suegra del funcionario, quien tiene una discapacidad del 97 %, por lo que es invidente.
Esta persona cuenta con permiso de residencia en España, por lo que, aun viviendo en Ecuador, tiene cobertura de la seguridad social de ese país.
El funcionario, tras tener aprobadas sus vacaciones —lo que constituye un acto administrativo válido—, viajó fuera del país para acompañar a su familiar a una revisión médica especializada que no podía realizarse en Ecuador, con el fin de garantizar su calidad de vida. Sin embargo, días después, la administración decidió dejar sin efecto esa autorización porque, supuestamente, el régimen normativo había cambiado.
El servidor público enfrentó además una crisis de salud, por lo que, estando enfermo, obtuvo permisos médicos para viajar a España con su suegra, a fin de que reciba atención médica planificada.
Pabón cuestiona que le hayan negado las vacaciones cuando el funcionario debía atender a una persona con discapacidad severa. “La administración pública no puede beneficiarse de sus propios errores”, señaló, al exponer que primero le aprobaron las vacaciones y luego se las negaron.
Además, indicó que la entidad habría señalado que los certificados médicos son falsos, razón por la cual lo destituyeron. Pabón añadió que esto no ha podido ser comprobado, por lo que, en derecho, no se puede presumir.
Esto, pese a que dentro del proceso administrativo dichos documentos son válidos, ya que los médicos ratificaron el diagnóstico, las recomendaciones y la necesidad del viaje.
“El activismo jurídico obliga a que no se normalicen muchos casos de discriminación y vulneración de derechos”, dijo Pabón.
Se han presentado varios casos similares, por ejemplo, en la Prefectura de Imbabura.
