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Moradores de la ciudadela del cantón Otavalo analizan presentar una acción de protección constitucional para solicitar la paralización de la construcción del Complejo Deportivo Yanayacu , al considerar que la subrasante proyectada afectaría a 23 viviendas del sector.
Moradores de la ciudadela Yanayacu analizan interponer una acción de protección constitucional para solicitar la paralización de la construcción del Complejo Deportivo del mismo nombre.
Diana Pineda, vocera de la ciudadela Yanayacu, indicó que esta medida busca que el Municipio de Otavalo atienda sus pedidos y rectifique técnicamente los diseños de la obra.
Son 23 familias de la ciudadela las que resultarían afectadas por la construcción de una subrasante como parte del escenario deportivo.
La jurista aclaró que no se oponen a la ejecución de la obra, pero sí al terraplén que afectaría a las viviendas.
Según Pineda, el problema se registra desde 2024 y, hasta el momento, no han sido escuchados por la actual administración del Municipio de Otavalo ni han recibido respuesta a sus planteamientos.
La municipalidad contrató una consultoría encargada de realizar los estudios y diseños de la infraestructura deportiva. Sin embargo, según Pineda, en ese proyecto no se tomó en cuenta a las 23 viviendas que quedarían bajo la subrasante de este equipamiento urbano.
Ante esta situación, los vecinos contrataron un estudio con profesionales de la construcción, para lo cual aportaron 3.000 dólares, con el fin de presentar una propuesta alternativa. Esta plantea generar un desnivel de aproximadamente 300 metros en la vía para evitar que la rasante afecte a las viviendas y permitir el avance de la obra.
Una de las principales preocupaciones de los moradores es que el suelo donde se ejecutan los trabajos es húmedo, y las residencias quedarían bajo una altura de entre 60 centímetros y 1,20 metros, nivel sobre el cual se cimentaría la capa superior del terreno.
Pineda aseguró que la Dirección de Obras Públicas del Municipio, la fiscalización y el contratista habrían reconocido que la propuesta del barrio es viable. No obstante, añadió que el consultor no permite modificar el diseño de la obra, por lo que la administración municipal sostiene que la propuesta barrial no tiene justificación legal, técnica ni financiera.
Además, señaló que les indicaron que las viviendas habrían sido construidas sin planificación; sin embargo, cuentan con planos aprobados por la municipalidad desde hace aproximadamente 35 años.
La vocera insistió en que no han recibido ninguna respuesta por escrito, por lo que solicitarán una inspección judicial para que el juez que conozca la causa constate la presunta vulneración de derechos.
La primera etapa del proyecto se ejecuta desde 2025, con una inversión de 500.000 dólares destinada a accesos viales. Aunque se estima un plazo de un año para su ejecución, Pineda señaló que existen contratos complementarios en marcha.
Los afectados acudieron el pasado 23 de febrero al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para denunciar una presunta vulneración de los derechos constitucionales de estas familias. Ahora esperan el pronunciamiento del organismo para proceder con la demanda legal.
También acudieron a la Contraloría General del Estado y a la Defensoría del Pueblo para solicitar su intervención.
Finalmente, Pineda no descartó que exista un interés político de la actual Alcaldía en entregar una obra emblemática para el cantón.
