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El alcalde de Aguarico, Juan Carlos O., fue sentenciado a tres años de prisión por el delito de uso doloso de documento falso, tras comprobarse que utilizó títulos y certificados académicos no auténticos para registrarse como abogado en la Senescyt.
Como autor directo del delito de uso doloso de documento falso, y con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía Provincial de Orellana, fue sentenciado a tres años de prisión el alcalde del cantón Aguarico, Juan Carlos O., quien actualmente se encuentra en funciones.
La Fiscalía expuso que el procesado utilizó documentos no auténticos, entre ellos un título de abogado, un récord académico y un certificado de modalidad presencial de estudios de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia.
La directora de Registros y Admisiones de la referida universidad, al rendir su testimonio, señaló que Juan Carlos O. no cursó estudios en dicha institución. Esa aseveración fue respaldada por el perito documentológico, quien determinó inconsistencias en los códigos QR de los certificados.
Durante el juicio, el alcalde de Aguarico se acogió a su derecho constitucional al silencio.
En agosto de 2019, esos documentos fueron presentados para registrar el título de abogado en la extinta Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), y posteriormente firmar como abogado en documentos públicos y privados.
De acuerdo con el Tribunal, con base en esos documentos falsos obtuvo un título de tercer nivel en Ecuador y se presentó como abogado, firmando documentos judiciales, oficios municipales y memorandos, conforme a las pericias practicadas sobre doce documentos para verificar la autenticidad de su firma.
Otro de los elementos expuestos es que, en el periodo en el que el procesado afirmó haber estudiado en Colombia, no registró movimientos migratorios de salida del país, según certificó la Dirección Nacional de Migración.
Además, no constan permisos, licencias ni comisiones de servicios en el departamento de Talento Humano del Municipio de Aguarico durante el periodo en que el procesado cumplió funciones de concejal, conforme a los testimonios rendidos en juicio por compañeros de trabajo y jefes.
Por ello, el Tribunal dispuso que el Ministerio de Educación y el Registro Civil anulen el registro del título de abogado y la actualización de la instrucción superior del ahora sentenciado.
Además, el juez ponente del Tribunal de juzgamiento y, a la vez, presidente de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, dispuso el pago de 10 salarios básicos unificados.
Asimismo, como medida de reparación integral, el Tribunal ordenó que ofrezca disculpas públicas por haber lesionado la fe pública, considerada un bien jurídico protegido. El texto completo deberá permanecer publicado durante un año en el sitio web del Ministerio de Educación.
El Tribunal señaló que Juan Carlos O. conocía la falsedad de los documentos: “nadie puede presentar como propios títulos de una universidad en la que jamás estudió, en un país al que no viajó”, y agregó que no se acreditó una trayectoria académica real en dicha institución.
Franklin Saltos, fiscal provincial de Orellana, dijo que presentará un recurso de apelación, al considerar que no se valoró la agravante de servidor público prevista en el artículo 47, numeral 19, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), conforme a lo expuesto en su acusación.
