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La Contraloría General del Estado ratificó responsabilidades civiles por más de USD 11,6 millones contra 68 servidores públicos de 13 hospitales del MSP, tras detectar irregularidades en la compra, control y distribución de medicamentos y dispositivos médicos entre 2018 y 2022.
68 servidores públicos de 13 hospitales del Ministerio de Salud Pública (MSP) tienen responsabilidades civiles por USD 11’658.502,43, de acuerdo con una resolución emitida el pasado 21 de mayo por la Contraloría General del Estado.
El organismo de control realizó una auditoría especial en 2023, en la que examinó contratos relacionados con la adquisición de dispositivos médicos y medicamentos para personas con enfermedades catastróficas, raras o huérfanas.
En el informe N.º DNA7-SySS-0078-2023, aprobado en diciembre de 2023, se establecieron varios hallazgos correspondientes al período examinado entre el 1 de julio de 2018 y el 31 de diciembre de 2022.
Uno de ellos fue la existencia de diferencias en las cantidades de medicamentos recibidos por los pacientes y los registrados en las bodegas generales y de farmacia de los hospitales del MSP. ¿La razón? No se mantuvo un control adecuado de los ingresos y egresos en dichas bodegas, sin que se pudiera comprobar la distribución, destino y uso de los fármacos, cuyo valor supera los USD 11 millones.
A los servidores públicos de los hospitales Eugenio Espejo, Baca Ortiz, Pediátrico Francisco Icaza Bustamante, Gilbert Pontón, General Isidro Ayora, Vicente Corral Moscoso, General Alfredo Noboa Montenegro, General Rodríguez Zambrano, General Napoleón Dávila Córdova, General Dr. Gustavo Domínguez Zambrano, General Docente de Ambato, General San Vicente de Paúl y General Esmeraldas Sur Delfina Torres de Concha se les ratificaron las responsabilidades, luego de cumplirse el debido proceso en las áreas de juzgamiento de la Contraloría.
El examen también señala que se adquirieron 100 unidades de Rituximab líquido parenteral por emergencia, sin cumplir con las causales legales. Algo similar ocurrió con el medicamento Trastuzumab, destinado a pacientes con cáncer de mama, que fue entregado fuera del plazo contractual, poniendo en riesgo la continuidad de los tratamientos.
Igualmente, no se comprobó que los bienes cumplieran con las especificaciones técnicas al momento de su recepción, lo que impidió el cobro de multas y permitió el almacenamiento de dispositivos médicos caducados o adulterados. Esto afectó el acceso de pacientes con VIH a pruebas de hepatitis B y provocó el desabastecimiento de medicamentos básicos para personas con hemofilia.
Uno de los contratos fue terminado unilateralmente porque no se registró al proveedor como contratista incumplido ante el Sercop, no se ejecutaron las garantías de fiel cumplimiento ni se presentó la denuncia ante la Fiscalía por medicamentos adulterados.
