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Los abogados presentaron una apelación a la prisión preventiva y un habeas corpus correctivo para revertir el traslado a Portoviejo. Denuncian vulneraciones de derechos y exclusión del equipo jurídico en la audiencia de cargos.
Los abogados de los denominados 12 de Otavalo, detenidos tras los hechos de destrucción del Comando de Policía y de la Policía Judicial, presentaron una apelación a la medida de prisión preventiva.
Paralelamente, en la Corte Provincial de Justicia de Manabí, se presentó un habeas corpus correctivo con el fin de que los detenidos sean trasladados desde el Centro de Privación de Libertad (CPL) Manabí No. 1, en Portoviejo, al CPL Imbabura No. 1, en Ibarra, durante los 30 días que dure la instrucción fiscal.
Según Luis Yépez, uno de los abogados del equipo jurídico, los 12 imputados por el delito de terrorismo fueron trasladados a Portoviejo sin contar siquiera con un informe de seguridad emitido por el SNAI.
El traslado se realizó la tarde del pasado 25 de septiembre en un helicóptero, bajo una versión extraoficial que indicaba que serían llevados a Esmeraldas y Manabí.
Sin embargo, Yépez confirmó que este grupo de detenidos, producto del paro convocado por la CONAIE en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, se encontraba recluido en la capital manabita.
Se espera que la audiencia se lleve a cabo entre lunes y martes próximo, una vez que se convoque a representantes del Ministerio del Interior, la Policía Nacional y el SNAI.
María Carmen Maldonado, familiar de Luis Ernesto Tituaña, oriundo de la comunidad de Santiaguillo, afirmó que él no es terrorista, sino un humilde trabajador que fue detenido mientras circulaba en su bicicleta.
En Otavalo, una marcha desarrollada este 27 de septiembre contó con la presencia de los 12 detenidos.
Denuncian vulneración de derechos
Ni Luis Yépez, ni Mario Ruiz, Tanya Camargo, Darío Valencia, Franklin Hermosa, Gabriela y Mishel Yépez, ni Carolina Vaca, esta última experta en derecho internacional, les permitieron asistir a la audiencia de formulación de cargos.
Este equipo jurídico fue conformado por la FICI y el Cabildo del Pueblo Kichwa Otavalo para la defensa de los detenidos, pero su participación fue impedida.
Los juristas denunciaron que no se les permitió el ingreso a la audiencia, por lo que los 12 de Otavalo fueron representados por un abogado de la Defensoría Pública, quien no habría presentado la documentación necesaria para establecer medidas alternativas a la prisión preventiva. Aseguran que ninguno de los detenidos tiene antecedentes penales.
Yépez también denunció la vulneración de derechos, como la detención sin indicios y presuntas torturas, por lo que se presentará una denuncia contra el Estado.
Este caso está siendo investigado por la Unidad de Terrorismo y Crimen Organizado de la Fiscalía General del Estado y por una jueza especializada.
La Policía Nacional ha presentado una acusación particular contra los detenidos, señalando que los daños ocasionados en vehículos ascienden a 125.000 dólares.
