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La Ley Antimafia impulsada por el oficialismo propone reformas al COIP, al Código de la Función Judicial y a la Ley de Extinción de Dominio para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, evitar la impunidad y mejorar la administración de bienes incautados a estructuras delictivas.
El asambleísta de ADN, Adrián Castro, afirmó que la Ley Antimafia tiene como objetivo dotar al país de un marco jurídico robusto para reducir los índices de criminalidad y delincuencia, así como evitar la impunidad.
El proyecto plantea reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), al Código Orgánico de la Función Judicial y a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio.
El legislador por Azuay explicó que, en el caso de esta última normativa, se busca incorporar reglas para la administración provisional de los bienes incautados a grupos de delincuencia organizada, con el fin de evitar que se deterioren o pierdan su valor mientras avanzan los procesos judiciales.
En el COIP se incorporará la figura de la pertenencia funcional, entendida como una red de personas que no solo incluye al autor material del delito, sino también a quienes intervienen en su financiamiento, reclutamiento y logística. Por ello, considera necesario fortalecer este tipo penal.
Además, la propuesta contempla a quienes mantienen nexos con grupos de poder político o económico. También se incluyen disposiciones relacionadas con el uso de infraestructura criminal y delitos vinculados al robo de hidrocarburos que se registra en el Oriente ecuatoriano.
Castro calificó la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial como una de las más importantes del proyecto.
“Cada día vemos cómo, a través de medidas cautelares, recuperan su libertad personas con antecedentes por asesinato, asalto, robo, violación y hurto. Esto ocurre porque, al motivar una medida sustitutiva, el juez no siempre considera todos esos factores, y eso no puede seguir sucediendo”, señaló.
Por ello, se busca reforzar la motivación judicial en las decisiones relacionadas con la prisión preventiva.
Respecto a los abogados, indicó que aquellos que formen parte de estructuras criminales o actúen como nexo para el pago de coimas deberán ser sancionados. “Los candados que se coloquen en la ley no afectarán al abogado honesto, que tiene la libertad de defender a quien considere. Sin embargo, sí deben alcanzar a aquellos profesionales que se coluden con grupos de delincuencia organizada para cometer delitos”, manifestó.
El asambleísta por Azuay recordó que la bancada oficialista ha impulsado varias reformas legales durante los últimos dos años, aunque considera que aún se requieren cambios adicionales para complementar ese trabajo. Agregó que algunas de las innovaciones planteadas dependían de los resultados de la consulta popular, en la que no se logró aprobar la reforma constitucional que esperaban.
La formulación de este proyecto de ley contó con la cooperación de Italia. Castro considera que ese país, junto con otras naciones europeas, ha sido clave en materia de seguridad para la construcción de esta propuesta.
“El derecho comparado ha sido una herramienta importante para la Asamblea, por lo que lo utilizamos para adaptar y adoptar algunas normas en nuestro país”, puntualizó Castro.
