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El alcalde de Machala, Darío Macas, solicitó al Concejo Municipal autorización para tomar 30 días de vacaciones, mientras enfrenta un proceso por presunto enriquecimiento ilícito. La Fiscalía formuló cargos en su contra y un juez dictó prisión preventiva dentro de la investigación.
El alcalde de Machala, Darío Macas, pidió al Concejo Municipal la autorización para hacer uso de vacaciones por 30 días, desde el 9 de julio hasta el 9 de agosto de este año.
En el oficio, fechado el 6 de julio, señala que, ante su ausencia temporal, solicita este período vacacional con el fin de garantizar la continuidad de la gestión administrativa e institucional del Municipio de Machala.
Además, pidió al Concejo Municipal que tome conocimiento de que la subrogación legal será ejercida por la vicealcaldesa del cantón Machala, conforme a lo establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), durante el período señalado.
Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Darío Macas, alcalde de Machala, como presunto autor directo del delito de enriquecimiento ilícito, y contra su esposa, Carmen Ch. P., como presunta cómplice.
El juez anticorrupción que conoció la causa acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva para ambos procesados. Además, dispuso la retención de valores en entidades financieras y fijó en 90 días el plazo para la instrucción fiscal.
Como parte de la investigación, la Fiscalía realizó el 6 de julio dos allanamientos en la provincia de El Oro. Durante el operativo fueron detenidos los procesados y una tercera persona con fines investigativos.
En los inmuebles intervenidos se incautaron teléfonos celulares, documentación, registros financieros y dinero en efectivo.
Durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas presentó los elementos de convicción que sustentarían que los ahora procesados habrían incrementado, de manera injustificada, su patrimonio entre 2019 y 2025, el cual bordearía los 6 millones de dólares.
Entre los principales elementos de convicción expuestos constan informes del Servicio de Rentas Internas (SRI), la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la Superintendencia de Compañías, la Contraloría General del Estado y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). También se incorporaron el informe de análisis financiero, el informe investigativo, el parte integrado y la información remitida por entidades del sistema financiero.
La investigación se inició a partir de una denuncia anónima presentada a través de la línea 1800-DELITO, en la que se alertaba sobre un presunto direccionamiento de contratos del Municipio de Machala hacia empresas de papel que tendrían vínculos con el alcalde.
Con base en esa denuncia, la Fiscalía Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas abrió una investigación previa por presunto peculado en junio de 2026. Conforme avanzaron las diligencias, el tipo penal fue cambiado a enriquecimiento ilícito.
La Fiscalía informó que el análisis financiero determinó que, durante el período investigado, Darío Javier M. S. registró movimientos económicos por aproximadamente 2,7 millones de dólares.
De ese monto, alrededor de 267.000 dólares corresponden a depósitos, mientras que cerca de 300.000 dólares provendrían de sus remuneraciones como servidor público. Estos movimientos se concentrarían en dos cuentas bancarias registradas a su nombre.
Asimismo, el análisis efectuado con información del SRI y la UAFE evidenciaría que, aunque reportó ingresos por aproximadamente 2,2 millones de dólares, registró movimientos financieros por cerca de 2,7 millones, lo que reflejaría una diferencia aproximada de 468.000 dólares entre la información tributaria y la financiera.
La investigación también estableció que el procesado habría emitido cheques a su favor por alrededor de 754.000 dólares y registrado préstamos privados que no habría podido justificar.
En cuanto a Carmen Ch. P., el análisis financiero determinaría que recibió aproximadamente 4 millones de dólares, de los cuales más de 1,5 millones corresponderían a depósitos en efectivo y alrededor de 315.000 dólares a depósitos mediante cheques. Además, se evidenciarían movimientos financieros directos entre las cuentas de ambos procesados.
La Fiscalía expuso que ambos mantienen participación accionaria en cuatro empresas, entre ellas una dedicada a la actividad camaronera. Una de estas compañías habría reportado utilidades cercanas a 26.000 dólares.
