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La Fiscalía presentó nuevos indicios y amplió la instrucción fiscal tras incautaciones y reportes financieros en el caso Comandos de la Frontera. Se trataría de una red que involucra a 24 procesados.
Roberto Carlos Á., alias “Gerente”; Alba Isabel C., su esposa; Roberth Luis J.; y Blanca Lusdari L. fueron vinculados al proceso penal por presunto lavado de activos, en una causa que investiga la Unidad Especializada en Antilavado de Activos No. 5 de la Fiscalía General del Estado.
Un juez de Garantías Penales, especializado en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, dictó prisión preventiva para tres de los procesados. En cambio, Blanca Lusdari L. deberá presentarse periódicamente ante las autoridades y tiene prohibición de salida del país, como medida alternativa.
Los bienes de los imputados fueron incautados, y se les impuso la prohibición de enajenar propiedades, así como el congelamiento de sus cuentas bancarias.
Durante esta audiencia, la Fiscalía presentó nuevos elementos de convicción que motivaron la ampliación de la instrucción fiscal por treinta días adicionales.
Los informes incluirían el valor ingresado ilegítimamente al Sistema Financiero Nacional, además de reportes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y del Servicio de Rentas Internas (SRI).
Estos cuatro procesados se suman a otros veinte, entre personas naturales y jurídicas, que habrían participado en el presunto blanqueo de capitales.
El inicio del caso
Todo comenzó cuando la UAFE emitió un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) en noviembre de 2024.
En el marco de esta investigación, se identificó una estructura compuesta por personas naturales y jurídicas vinculadas al tráfico de drogas y al lavado de activos, supuestamente provenientes de dicha actividad ilícita.
El 9 de septiembre pasado, la Fiscalía y la Policía Nacional ejecutaron un operativo con 62 allanamientos simultáneos en Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas, Guayas, Sucumbíos y Orellana, que resultó en la detención de 15 personas.
Además, se incautaron evidencias, entre ellas dinero en efectivo, armas, dispositivos electrónicos y documentación financiera.
Entre 2015 y 2025, el monto de dinero que habría circulado irregularmente a través del Sistema Financiero Nacional supera los 354 millones de dólares, además de la adquisición de bienes muebles e inmuebles.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 317, sanciona el delito de lavado de activos con pena privativa de libertad de entre 13 y 19 años.
