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La ciudadanía ibarreña enfrenta amenazas, escasez y paralización sin una respuesta clara de sus autoridades. Experto en seguridad advierten que la falta de acción podría agravar el conflicto.
La amenaza de un comunero, quien señaló que, si la ciudad -de Ibarra- no se une al paro, “volverán y la destrozarán”, generó preocupación.
Esa declaración, captada en un video, se hizo viral en redes sociales y provocó diversas reacciones.
Marlon Pozo, exoficial de la Policía Nacional, indicó que, ante esas amenazas, las unidades de inteligencia del Estado deben identificar y localizar a los responsables para determinar sus posibles nexos.
Esto permitiría iniciar una investigación que podría derivar o no en una detención. La Policía y la Fiscalía deberán presentar los elementos de convicción que prueben si la persona que emitió esas declaraciones las llevó a cabo.
El actual paro es focalizado. Pozo explicó que el Gobierno busca no sobredimensionar la medida, aunque existen problemas graves en Otavalo y Cotacachi. Según él, se intenta aparentar que el conflicto está contenido.
Sin embargo, esa percepción no corresponde con la realidad, ya que hay desabastecimiento de gas, combustible y productos de primera necesidad, lo que empieza a alterar los ánimos de la población y podría desencadenar otras circunstancias.
El experto en seguridad considera que, mediante una investigación, se debe identificar a las personas que presuntamente han realizado pagos a los manifestantes.
Ese trabajo debe establecer responsabilidades sobre el flujo del dinero: por dónde ingresó y a quién se entregó.
Según Pozo, actualmente se cuenta con técnicas de investigación y herramientas tecnológicas que permiten determinar responsabilidades.
Delito de terrorismo
Hay manifestantes que estarían incurriendo en el delito de terrorismo, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal.
Según el artículo 366, se considera terrorismo a los actos violentos que provocan terror en la población y ponen en peligro la vida, la integridad física, la libertad de las personas o sus bienes.
Marlon Pozo considera que se deben establecer niveles de responsabilidad, ya que -según su experiencia- la población indígena ha sido históricamente manipulada por grupos de poder político.
“En tantos años de lucha, la resistencia indígena ha conseguido beneficios para las comunidades”, aseveró Pozo.
Existen hechos ocurridos durante las manifestaciones de 2019 y 2022 que quedaron en la impunidad.
Hay dirigentes y políticos identificados que habrían participado en actos de sabotaje y terrorismo.
El experto en seguridad afirma que el caos ha sido el único ganador, y el Estado ecuatoriano, el gran perdedor.
En 2019, Leónidas Iza fue aprehendido durante las manifestaciones, lo que provocó que la medida de hecho se agudizara.
