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Señalan fallas en el sistema digital, nuevos requisitos que prolongan los procesos y posibles intentos de retirar al CAE-I la facultad de aprobar proyectos arquitectónicos.
Ashley Monteros, arquitecta de profesión, considera que la demora en la aprobación de planos arquitectónicos tendría relación con una intención de sabotaje al Colegio de Arquitectos de Imbabura (CAE-I).
La profesional sostiene que la intención sería terminar el convenio con el gremio para traspasar esa competencia a la empresa pública Innova, encargada de adjudicar procesos a los profesionales de la construcción.
Señala que el CAE-I suscribió un convenio con el Municipio de Ibarra como entidad colaboradora, lo que le faculta aprobar planos arquitectónicos. Según el arquitecto Álvaro Muñoz, dicho convenio ha superado sin novedades los procesos de la Contraloría del Estado.
Sin embargo, la Dirección de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la municipalidad señala ahora que ese procedimiento no es legal y que el Código de Ordenamiento Territorial determina que la aprobación de planos está en manos de los municipios.
Muñoz explicó que existe una disputa de competencias y que se busca desprestigiar al Colegio de Ingenieros Civiles de Imbabura (CICI), con el fin de que el trámite regrese a la municipalidad, donde el proceso sería distinto.
Durante la mañana, un grupo de profesionales se reunió con los integrantes de la Comisión de Planificación, donde se alcanzaron varios acuerdos. Álvaro Muñoz indicó que en la cita se reconoció que el sistema municipal SmartGob presenta falencias, al igual que los procesos; por ello, en una próxima reunión se analizarán los requisitos.
Un día antes, en el Colegio de Arquitectos de Imbabura se realizó una revisión de los trámites rezagados, algunos con más de 100 días pendientes, para poder concluirlos.
Muñoz considera que el problema no radica únicamente en el proceso, sino también en los requisitos. Explicó que antes, cuando se presentaban los documentos en físico para aprobar el plano de una vivienda, se exigían la escritura y la línea de fábrica. Ahora, en cambio, se requiere el calce del lote, el Informe de Reglamentación Cantonal (IPRUS), la asignación de codificación y un informe de riesgos; toda esta tramitología puede tardar meses.
Monteros contó que mantiene un proceso desde mayo del año pasado, ya que tuvo que tramitar un informe de riesgos y una rectificación. Además, como la cliente optó por ejecutar la construcción por etapas, debió iniciar otro trámite.
Recién en enero pudo presentar la solicitud de aprobación arquitectónica; actualmente espera la aprobación de los planos estructurales en el Colegio de Ingenieros Civiles de Imbabura y, posteriormente, el sello final del Municipio.
Antes, con la presentación física de los documentos, el trámite demoraba hasta tres semanas en el Colegio de Arquitectos.
Muñoz ingresó el 15 de diciembre de 2025 a la Alcaldía de Ibarra una solicitud de reunión para que se escuche el malestar de los profesionales de la construcción. Arquitectos, ingenieros civiles, constructores y promotores inmobiliarios fueron convocados para analizar los procesos; se alcanzaron acuerdos y se firmó un acta, pero nunca se aplicó.
El profesional indicó que, tras el levantamiento del paro en octubre, comenzaron los procesos de digitalización en la Dirección de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la municipalidad.
Para ello, se puso en línea el sistema municipal SmartGob, que opera para las diferentes dependencias. En cuanto a la capacitación, señaló que el personal del Colegio de Arquitectos de Imbabura (CAE-I) tenía la responsabilidad de capacitar a sus socios y a los profesionales de la construcción; no obstante, Monteros aseguró que ha existido improvisación en este proceso.
Muñoz considera que una gestión pública es transparente cuando cuenta con procesos eficientes, por lo que, a su criterio, la incorporación de tecnología debía traducirse en una mejora sustancial de los trámites.
