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El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó iniciar un proceso de fiscalización sobre presuntos incrementos patrimoniales injustificados de alcaldes y prefectos, a pedido del asambleísta Fernando Jaramillo (ADN). La investigación estará a cargo de una comisión legislativa que deberá presentar un informe en 90 días.
El asambleísta de Imbabura Fernando Jaramillo (ADN) pidió a la Asamblea Nacional conocer y analizar los presuntos incrementos patrimoniales injustificados de alcaldes y prefectos del país.
Ese planteamiento lo hizo al inicio de la sesión N.º 102 del Pleno legislativo, este 23 de junio, y fue aprobado con el voto de 85 asambleístas. El bloque RC5 votó en contra. La presidenta de la Asamblea Nacional determinó que el tema se analizará como el cuarto punto de la reunión.
Jaramillo solicitó transparencia, fiscalización y lucha contra la corrupción de autoridades que administran recursos públicos. “No pueden incrementar su patrimonio; la política no es una herramienta para hacerse millonarios de la noche a la mañana en el ejercicio de estas funciones”.
Por ello, el Pleno dispuso el inicio de un proceso de fiscalización a cargo de la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio. El objetivo es analizar y dar seguimiento a los presuntos incrementos patrimoniales injustificados reportados por alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas del país.
La resolución faculta a la comisión a solicitar información, informes técnicos y documentación, así como a convocar comparecencias de autoridades, servidores públicos, representantes de organismos de control, especialistas y demás personas que puedan aportar al esclarecimiento de los hechos investigados. En un plazo máximo de 90 días, la mesa legislativa deberá presentar al Pleno un informe con conclusiones, observaciones y recomendaciones derivadas de este proceso de control político.
El legislador oficialista sostuvo que existe el derecho de preguntar, una y mil veces, a alcaldes y prefectos sobre el incremento injustificado de su patrimonio desde que llegaron al poder, y que las autoridades tienen la obligación de responder.
El político imbabureño resaltó que la Contraloría General del Estado reveló que más de 70 alcaldes y prefectos han incrementado su patrimonio en poco tiempo, lo que le genera alarma.
Entre ellos, aseguró Jaramillo, también constan el prefecto de Imbabura, Richard Calderón (RC5); la viceprefecta, Paolina Vercoutere; y la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa.
También se refirió a los casos del alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, y del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por lo que propuso que la Asamblea Nacional cumpla con la fiscalización de estos casos.
Además, mencionó una investigación periodística del portal Primicias, en la que se analizaron las declaraciones patrimoniales de 223 alcaldes y 23 prefectos del país, identificándose 79 casos de patrimonios relevantes.
Citó el caso del prefecto Calderón: en 2023 declaró un patrimonio de USD 780.723; en 2024, USD 576.394; y el año pasado, USD 504.877. Es decir, en apenas dos años se registra un decremento del 35% de su patrimonio, lo que calificó como inusual e injustificado.
Además, Jaramillo señaló que Richard Calderón debe responder por investigaciones de la Fiscalía General del Estado por supuesta financiación al terrorismo.
Por ello, propuso que se revisen operaciones, transferencias, bienes de empresas y activos que pudieran estar vinculados a sus familiares y entorno cercano.
En cambio, Villacís, en sus declaraciones patrimoniales juradas, en 2023 registró USD 1’442.300; un año después declaró USD 4’314.426, lo que representa un incremento de más de 3 millones de dólares en 12 meses.
El asambleísta independiente Edwin Jarrín se refirió a autoridades que no cometen este error porque ponen sus bienes a nombre de testaferros. En su provincia, Morona Santiago, afirmó que hay alcaldes que han incrementado su patrimonio en 300.000 dólares.
