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La Asamblea Nacional encargó a la Comisión de Fiscalización investigar la ruta del dinero del caso Progen, identificar a los beneficiarios de los recursos y determinar posibles responsabilidades. El informe deberá presentarse en un plazo de 30 días.
La Comisión de Fiscalización investigará la denominada ruta del dinero del caso Progen a personas naturales y jurídicas. Así lo resolvió el Pleno de la Asamblea Nacional, que también dispuso requerir información y la comparecencia de los actores vinculados a este proceso.
El Legislativo aprobó el cambio del orden del día con el voto favorable de los 139 asambleístas presentes en el salón.
Ana Belén Tapia, asambleísta por Napo, señaló que, gracias a las acciones impulsadas por el Gobierno de Daniel Noboa, se ha logrado establecer la trazabilidad del dinero que salió de los contratos suscritos con Progen.
Agregó que, en Florida, Estados Unidos, el régimen presentó una demanda amparada en la Ley RICO con el objetivo de rastrear el destino de los recursos.
Tapia recordó que se han identificado cuatro rutas del dinero. Según explicó, el monto más alto habría llegado a uno de los abogados que defendió a un procesado en los casos Metástasis y Magnicidio Fernando Villavicencio. Además, existen otras rutas que involucran a 29 beneficiarios de distintos montos relacionados con los contratos de los proyectos Quevedo y Salitral.
“Hoy podemos decirle con tranquilidad al Ecuador que ya tenemos los rostros y los nombres de los beneficiarios de este atraco. No podemos permitir que esta información quede en la opacidad”, manifestó.
Por su parte, Mireya Pazmiño, asambleísta por Bolívar y representante de la Revolución Ciudadana, afirmó que el bloque de ADN evitó el proceso de fiscalización y, por esa razón, votó en contra del juicio político a los responsables de las principales autoridades ministeriales involucradas.
“No queremos tapar a nadie. Todos los involucrados deben ser investigados y juzgados si se determina su responsabilidad en estos hechos”, expresó Pazmiño.
El asambleísta nacional Juan José Reyes informó que han solicitado a la Fiscalía General del Estado vincular a Manrique Suárez, Astrobryxa y Light Blue al proceso judicial. Además, pidió investigar la trazabilidad completa de los fondos y aplicar medidas cautelares sobre sus cuentas y bienes.
A su vez, Alfredo Serrano, asambleísta del Partido Social Cristiano, pidió que no solo se siga la ruta del dinero, sino que también se determine quién permitió el presunto desvío de 104 millones de dólares de los ecuatorianos durante la época de los apagones.
La moción presentada por Ana Belén Tapia fue aprobada con 131 votos.
La Comisión de Fiscalización deberá presentar un informe al Pleno de la Asamblea en un plazo de 30 días, con las respectivas conclusiones y recomendaciones.
La resolución también dispone que la información recopilada sea remitida a la Fiscalía General del Estado, a la Contraloría General del Estado y a organismos internacionales competentes para que se determinen responsabilidades y se haga justicia.
