Asambleístas exigen fiscalización por presuntas violaciones de Derechos Humanos

La Comisión de Garantías Constitucionales analiza un proceso de fiscalización por presuntas violaciones de derechos humanos durante las recientes movilizaciones. Dirigentes indígenas y familiares de detenidos.

Los asambleístas Héctor Rodríguez y Roque Ordóñez mocionaron ante la Comisión de Garantías Constitucionales iniciar un proceso de fiscalización respecto a los presuntos abusos y vulneraciones de derechos humanos cometidos en el marco de las movilizaciones sociales.

Con un minuto de silencio por el fallecimiento de Luis Efraín Fuérez, se dio inicio a la sesión de la Comisión de Garantías Constitucionales.

Ordóñez se refirió a un informe de la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos. Sin precisar quiénes integran dicha alianza, señaló que se han reportado 109 violaciones de derechos humanos y 63 detenidos durante las manifestaciones.

La asambleísta Mariana Yumbai, representante de Pachakutik, manifestó que es necesario llevar a cabo un proceso transparente que impida que estos hechos queden en la impunidad. Por ello, afirmó que estarán vigilantes para que se cumpla dicho proceso de fiscalización.

Familiares y dirigentes recibidos en la Comisión

Marlon Vargas, presidente de la CONAIE, considera que la comunidad internacional debe investigar y sancionar la actitud del Gobierno. El dirigente exhortó a los asambleístas a entablar un juicio político contra los ministros del Interior y de Defensa.

La CONAIE, agregó, se mantiene firme, vigilante y no declinará en su lucha ante la eliminación del subsidio al diésel.

Martha Tuquerrez, presidenta de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC), aseguró que las 48 comunidades que aglutina dicha organización han utilizado estrategias ancestrales durante las manifestaciones para exigir ser escuchadas.

Tuquerrez pidió a los asambleístas consultar al Gobierno cuántos militares han sido desplegados en las vías, qué tipo de armas utilizan y cuántos vehículos están involucrados.

Soledad Perugachi, representante de los 12 de Otavalo, exigió la libertad inmediata de los compañeros detenidos en las manifestaciones del 22 de septiembre. La mayoría de los procesados sobreviven de la artesanía, la construcción y el comercio ambulante, por lo que, según ella, no pueden ser considerados terroristas.

Perugachi, madre de Jeremy Lita, uno de los detenidos, aseguró que ellos salieron a defender sus derechos y no a cometer actos terroristas.

Blanca Chancoso, dirigente histórica del movimiento indígena, explicó que se han acogido al derecho a la resistencia y han buscado formas de expresar su inconformidad ante la eliminación del subsidio al diésel, pero han sido duramente reprimidos.

“Yo creo que, por más que sea presidente de la República, debe existir algún artículo que sancione esta violación”, concluyó.