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El asambleísta Andrés Castillo defendió la convocatoria a una Asamblea Constituyente como vía para reformar el sistema político. Aclaró que no se afectarán derechos adquiridos y que las bases extranjeras serían solo apoyo logístico contra el crimen.
Andrés Castillo, asambleísta por Pichincha, sostiene que la convocatoria a una nueva Asamblea Constituyente busca solucionar problemas políticos como el hiperpresidencialismo.
El militante de ADN considera que este sistema se sustenta, entre otros factores, en la existencia de una institución que califica como “tumoral para la democracia”: el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ha designado fiscales, contralores y defensores del pueblo funcionales al presidente de turno.
Lo que se propone es que dichas designaciones regresen al Parlamento mediante procedimientos distintos, como concursos de méritos.
Castillo critica que los líderes del “No” no estén explicando adecuadamente las preguntas del referéndum. Señala que no se habla del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de la educación superior ni de las pensiones de las personas de la tercera edad, que son derechos adquiridos.
El político descartó que esos temas estén incluidos en la pregunta sobre la Asamblea Constituyente, ya que esta solo consulta sobre su instalación. Si gana el “Sí”, se deberá convocar a un proceso electoral para elegir a los asambleístas constituyentes, quienes redactarán la nueva Constitución. Al final, se realizará un referéndum ratificatorio.
“Seríamos torpes si sometemos a votación temas tan impopulares y violatorios de derechos como quitarles las pensiones jubilares, o cosas que se inventan ahora para que la gente vote que no”, afirmó.
Consulta sobre Bases militares
Respecto a la primera pregunta del referéndum, que plantea eliminar la prohibición de establecer bases extranjeras en territorio ecuatoriano, Castillo considera que la soberanía es la capacidad de un Estado para decidir en última instancia sobre sus asuntos propios y públicos.
Aclara que la discusión no se centra en instalar una base militar en Baltra para que Estados Unidos ataque por vía aérea, marítima o terrestre a la delincuencia organizada. Si se levanta la prohibición constitucional, se podrá definir posteriormente si se establecen acuerdos con Estados Unidos, Francia, la Unión Europea o Brasil.
Este mecanismo, según Castillo, permitiría brindar respaldo logístico a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en la lucha contra el crimen organizado. No se trata de instalar bases para el despliegue de tropas extranjeras, sino de crear espacios de apoyo para que la fuerza pública pueda actuar.
Sin embargo, advierte que las bases militares no funcionan solo por estar instaladas, sino por la voluntad política que se aplique para ejecutar acciones. En Colombia, por ejemplo, durante el gobierno de Álvaro Uribe se instalaron siete bases militares que permitieron someter por la fuerza a los grupos guerrilleros. En contraste, el gobierno de Juan Manuel Santos adoptó una lógica de “abrazos y no balazos”, lo que dio lugar a las disidencias de las FARC.
Reducción de número de asambleístas
En la Asamblea Nacional, pocos legisladores están haciendo el trabajo en nombre de todos, y eso es lo que se quiere cambiar, según Castillo. Se refiere a mejorar la calidad de la representación política y que, al reducir el número de escaños, las campañas electorales permitan que los mejores candidatos resulten electos.
Reconoce que una cosa no garantiza la otra, pero considera que una reducción permitiría un mejor filtro público, con menos candidatos y mayor conocimiento de sus propuestas por parte de la ciudadanía.
Si la pregunta sobre la reducción del número de asambleístas recibe respaldo ciudadano, se convertirá en un mandato, por lo que el Estado deberá implementar una reforma. Una de las acciones será que la Asamblea Nacional dicte la ley correspondiente para cumplir con el mandato popular.
En los anexos del referéndum se incluye una disposición que establece cómo será la elección de los nuevos legisladores.
