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El gremio de transporte de Pichincha plantea una tarifa socialmente justa frente al alza del diésel y advierte que la actual no cubre los costos operativos. Mientras esperan una respuesta del Gobierno sobre la extensión de compensaciones, se prevé analizar un posible ajuste desde el 15 de mayo.
Carlos Brunis, presidente de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha, es partidario de aplicar una tarifa socialmente justa, como lo establece la ley, ante el alza del precio del galón de diésel.
“Nosotros tampoco queremos poner al usuario entre la espada y la pared”, afirmó el dirigente en una entrevista en Vis a Vis con Janet Hinostroza, al señalar que también existe una tarifa técnica.
En abril finaliza la compensación para el transporte urbano, mientras que la del transporte intraprovincial e interprovincial concluyó el mes pasado.
Los transportistas se reunieron la semana pasada con el viceministro de Gobierno, el viceministro de Transporte y el director de la Agencia Nacional de Tránsito para conocer si se extenderá la vigencia del decreto ejecutivo de la Comisión de Optimización Energética por dos o cuatro meses.
Brunis indicó que, pese a haber realizado este pedido en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, aún no han recibido una respuesta oficial.
También han insistido ante el Municipio de Quito —pedido que fue trasladado al alcalde Pabel Muñoz— que, al fijarse las compensaciones, se reconoció el impacto económico en el sector del transporte.
La autoridad municipal ofreció que, a partir del 15 de mayo, se reunirán para analizar las alternativas presentadas, entre ellas el incremento de la tarifa.
Brunis señaló que el Cabildo quiteño subsidia al transporte municipal, por lo que se espera trabajar en un posible ajuste tarifario para el usuario.
La tarifa técnica se ubica en 0,67 centavos de dólar, mientras que la actual es de 0,35, por lo que, según el dirigente, debe existir una compensación para que la operación funcione al cien por ciento.
El Concejo Municipal de Quito deberá aprobar esta revisión tarifaria a través de una ordenanza, por lo que Brunis considera fundamentales las mesas de trabajo.
Asimismo, indicó que entre las propuestas está la implementación de una “caja común” como solución para terminar con la competencia entre buses en la ciudad. “Mientras sigamos bajo el esquema actual, será complicado y no habrá tarifa que resista”, advirtió.
En el caso del transporte intraprovincial, las compensaciones se proyectaron inicialmente por seis meses y se extendieron uno adicional; mientras que en el transporte urbano se fijaron por ocho meses, con la posibilidad de ampliarse cuatro meses más.
