Cae presunta red de corrupción en Manabí: detienen a la alcaldesa de Jipijapa y a otras 11 personas

Doce personas, entre ellas la alcaldesa de Jipijapa, fueron detenidas durante la operación ‘Digitador’, que investiga una presunta red de corrupción dedicada a la emisión irregular de documentos de tránsito. La Fiscalía estima que el perjuicio al Estado supera los USD 5 millones.

Doce personas fueron detenidas, entre ellas Ángela Plúa, alcaldesa de Jipijapa, durante un operativo ejecutado en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada relacionada con una red de corrupción en la provincia de Manabí.

La investigación se centra en una presunta trama de corrupción vinculada con la emisión irregular de documentos para la revisión técnica vehicular. El caso se inició en agosto de 2025, tras una denuncia presentada al 1800-DELITO.

Según la Fiscalía General del Estado, se realizaron allanamientos en oficinas del Municipio de Jipijapa, el Centro de Revisión Vehicular de Canuto y domicilios de funcionarios y particulares. La investigación está relacionada con la presunta emisión irregular de documentos de tránsito en tres cantones, lo que habría ocasionado un perjuicio al Estado superior a los cinco millones de dólares.

Entre los indicios recabados constan documentos similares a licencias de conducir, matrículas y especies valoradas, además de dinero en efectivo y dispositivos electrónicos.

John Reimberg, ministro del Interior, informó que, como parte de la operación denominada Digitador, se ejecutaron 18 allanamientos, incluidos cinco en entidades públicas de los cantones de Jipijapa, Bolívar y San Vicente.

Reimberg señaló que la estructura estaría integrada por funcionarios de las entidades de tránsito de Jipijapa, Bolívar (Calceta) y San Vicente, así como por tramitadores externos. Presuntamente, los implicados cobraban entre USD 100 y USD 150 por trámite para evadir los requisitos legales y técnicos, afectando la atención regular a los ciudadanos bajo el pretexto de que «no hay sistema».

Además, las autoridades detectaron movimientos financieros que no guardarían relación con los ingresos declarados por la principal investigada, con más de USD 2,6 millones cuya procedencia no tendría una justificación aparente.