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La Fiscalía procesó a nueve personas por presunto lavado de activos, tras un operativo en Pichincha, Guayas y Los Ríos. Un juez dictó prisión preventiva y ordenó la incautación de bienes.
Nueve personas son procesadas por la Fiscalía General del Estado por su presunta participación en el delito de lavado de activos.
Esto es parte de una indagación que inició en enero de 2025, con base en un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII), remitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), en el que se señala a personas naturales y jurídicas.
La fiscal de la Unidad Antilavado de Activos, a cargo del caso, durante la audiencia de formulación de cargos presentó como principal elemento de convicción el ROII, que incluye el análisis de información societaria, financiera y económica.
Según el informe, personas naturales, como parte de sus actividades económicas, habrían ocultado dinero de origen ilícito en el Sistema Financiero Nacional mediante empresas de transporte, alimentos y seguridad, entre otros.
Por ello, la Fiscalía lideró, la madrugada del 20 de marzo, un operativo simultáneo en Pichincha, Los Ríos y Guayas, en el marco de esta investigación.
En el operativo se ejecutaron nueve órdenes de detención con fines de formulación de cargos contra los ahora procesados: Pedro Álvaro R. F., Hans Estuardo T. C., Karla Fernanda M. M., Rubén Asdrúbal P. Ll., Carmen Yolanda U. P., Parrish Andre J. E., Blanca Yesenia G. B., Miguel Gustavo Q. M. y Alex José B. L.
Tres representantes de personas jurídicas, presuntamente vinculadas, fueron detenidos durante los operativos con fines investigativos. En la intervención de varios inmuebles se levantaron indicios relacionados con el delito investigado, como dinero en efectivo y documentación.
Además, la fiscal solicitó fijar fecha y hora para la vinculación a la causa de seis personas jurídicas, a las que no se les formularon cargos en esta diligencia.
Con base en el pedido motivado de la Fiscalía, el juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado que conoció la causa dictó prisión preventiva para los nueve procesados.
La resolución dispone medidas cautelares de carácter real, como la incautación de determinados bienes muebles e inmuebles, la prohibición de enajenar bienes inmuebles y el congelamiento de cuentas bancarias a nombre de los sospechosos. La instrucción fiscal tendrá un plazo de 90 días.
