Chamba cuestiona gasto en fiestas y respalda nueva distribución presupuestaria

El asambleísta Jorge Chamba defendió la reforma que obliga a los gobiernos seccionales a destinar el 70% del presupuesto a obra pública y el 30% a gasto corriente. Negó que exista afectación social o cálculo político y cuestionó el uso de recursos en fiestas y contrataciones, al tiempo que advirtió que el 40% de alcaldes y prefectos están siendo auditados.

Jorge Chamba, asambleísta por Guayas (ADN), calificó como falsas las expresiones de asambleístas del correísmo, quienes sostienen que esta reforma impacta en el área social, pues —según afirmó— no se han retirado recursos.

Según Chamba, el 70% de las alcaldías y prefecturas del país están controladas por militantes de la Revolución Ciudadana (RC). Por ello, considera que se opusieron a la aprobación de este proyecto de ley, ya que les exige destinar el 70% del presupuesto a obra pública y el 30% a gasto corriente.

Respecto a la denuncia de Paola Pabón, prefecta de Pichincha, quien señaló que el Gobierno busca licuar compromisos por 1.500 millones de dólares en deudas con los gobiernos seccionales por competencias, Chamba indicó que la reforma entrará en vigencia al inicio del calendario de las elecciones seccionales previstas para febrero de 2027.

De acuerdo con el legislador, el presidente Daniel Noboa no actúa con cálculo político, pues, de ser así, no habría retirado el subsidio al diésel antes de la campaña de la última consulta popular.

Sin embargo, el legislador afirmó que existen gobiernos seccionales que actúan a la inversa, ya que destinan la mayor parte de los recursos a fiestas, agasajos, contratación de artistas internacionales, adquisición de vehículos de lujo y campañas, mientras que un porcentaje menor se dirige a obra pública.

El alcalde de Quito —añadió Chamba— ha gastado cerca de 5 millones de dólares en fiestas; con ese monto se habría podido ejecutar una gran cantidad de obras. Asimismo, señaló que el Municipio de la capital de la República cuenta con 20.000 empleados, mientras que el de Guayaquil tiene 8.000, pese a que este último posee un territorio más extenso.

Además, agregó que Quito recibe una asignación anual de 900 millones de dólares por parte del Estado y mantiene 20.000 empleados, mientras que Guayaquil recibe 1.000 millones de dólares.

Chamba, de 67 años, recordó a Assad Bucaram como uno de los alcaldes que hizo historia y señaló que, desde entonces, han pasado 40 alcaldes por Guayaquil. Antes —dijo— era un honor ser alcalde y no existían estas disputas sobre la distribución 70/30.

Indicó que esa normativa se estableció durante la alcaldía de León Febres-Cordero, con un 85% destinado a obra pública, en beneficio de la ciudadanía, y un 15% a gasto corriente, lo que permitió ejecutar numerosas obras. Añadió que, cuando asumió la Alcaldía de Guayaquil, recibió el Municipio con 6.000 empleados, de los cuales 4.000 pertenecían al área de aseo de calles y fueron desvinculados. Entre estos —afirmó— se encontraban los denominados “aportes” políticos que cada concejal mantenía, con entre 100 y 150 trabajadores.

De acuerdo con el registro del contralor general del Estado, el 40% de los alcaldes y prefectos están siendo auditados. Según Chamba, muchos de ellos podrían enfrentar problemas con la justicia por no haber justificado adecuadamente el uso de los recursos públicos.