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El Consejo Nacional Electoral inició el proceso de cancelación del registro de los movimientos Unidad Popular y Construye por incumplir requisitos legales, como el número mínimo de adherentes. Ambas organizaciones tienen un plazo de 10 días para presentar sus descargos.
En el informe técnico-jurídico N.º 089, la Coordinación Nacional Técnica de Participación Política y la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas recomendaron iniciar el procedimiento de cancelación del movimiento Construye, lista 25.
Esta organización tenía ámbito de acción nacional; sin embargo, habría disminuido su número de adherentes a una cifra inferior al 50 % del mínimo exigido por la ley para su inscripción en el mencionado registro.
Kronfle señaló que existe un informe técnico que evidencia la reducción sustancial del número de adherentes, y que su voto se emitió en estricto apego a la legalidad.
Por su parte, Cabrera indicó que el movimiento Construye registra cero adherentes en la base de datos del CNE, lo que representa una cifra inferior al umbral mínimo; por ello, también apoyó el inicio del procedimiento de cancelación. Además, enfatizó que la organización dispone de un plazo de 10 días para que su representante legal presente los descargos correspondientes.
El CNE también aprobó el inicio del proceso de cancelación del movimiento Unidad Popular, Lista 2, que debía contar con 206.771 afiliados, pero que en los registros remitidos cuenta con 31.015 afiliados que representa el 15% del total del número para su afiliación. Por lo que, igualmente contará con un plazo de 10 días, a través de sus representantes legales, para presentar sus descargos.
Merino aclaró que no se está votando por una sanción, sino por el inicio de un proceso que garantiza el derecho a la defensa. Añadió que existen elementos que deben ser revisados conforme a lo dispuesto en el Código de la Democracia.
Geovanni Atarihuana, director de Unidad Popular, afirmó que la presidenta del CNE recurrió a los consejeros suplentes Kronfle y Merino para aprobar los informes de cancelación, por lo que considera que el proceso recién comienza y que ejercerán su derecho a la defensa.
Finalmente, recordó el principio de juridicidad, que establece que los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad, lo que —según su criterio— deja sin sustento cualquier cuestionamiento inicial al procedimiento.
