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La CNA señaló que los contratos para las centrales Salitral y Quevedo generaron un perjuicio económico al Estado y exigió nuevas diligencias fiscales.
Los integrantes de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) acudieron a la Fiscalía General del Estado para exigir que al ministro de Infraestructura y Tecnología, Roberto Luque, y a la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, se les formulen cargos por el caso Progen, al que califican como un “gran asalto al país”.
Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, considera que estos funcionarios quedaron en la impunidad debido a la actuación de la Fiscalía.
Rodas se refirió al proceso de instrucción fiscal dentro del denominado caso Progen o “Apagón”, en el que la Fiscalía formuló cargos contra 21 personas, al considerar que existen elementos de convicción que los vincularían con un presunto delito de peculado.
Por ello, los integrantes de la CNA expresaron su inconformidad debido a que, durante la etapa de instrucción fiscal, se habría omitido incluir a funcionarios del más alto rango ministerial, sobre quienes, según señalaron, debió abrirse una investigación para determinar posibles responsabilidades dentro de este caso.
El proceso se centra en los contratos para la adquisición de motores termoeléctricos suscritos entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y Progen Industries LLC, por un monto de 99,4 millones de dólares, destinados al suministro de la central Salitral, en la provincia del Guayas.
Además, se investiga otro contrato por 49,7 millones de dólares para la provisión de la estación Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Según la CNA, se habrían pagado 104,3 millones de dólares, equivalente al 70 % del valor de estos contratos. Esta cifra es considerada como el monto del presunto perjuicio al Estado, advertido en octubre de 2024.
En una comunicación suscrita por todos sus integrantes y dirigida a Carlos Alarcón, fiscal general encargado, Rodas señaló que el ministro Roberto Luque se acogió al derecho al silencio, lo que calificó como un “absurdo jurídico”, debido a que este recurso corresponde a personas que han sido vinculadas directamente por la Fiscalía.
“Lo que están logrando con este derecho al silencio, que es irregular, inadecuado y absurdo, es que el ministro guarde silencio para no informar cómo ocurrieron los acontecimientos relacionados con la contratación de Progen”, sostuvo Rodas.
