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El CPCCS estima que en un máximo de seis meses se designe al nuevo Fiscal General del Estado, siempre que no existan acciones judiciales que obstaculicen el concurso, el cual estará a cargo de una Comisión Ciudadana de Selección.
Una vez que los 10 integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección, que llevará a cabo el concurso para Fiscal General del Estado, se posesionen, tendrán cuatro meses para la selección de la autoridad. Este plazo podrá ser prorrogado, de manera motivada, por dos meses adicionales.
Santiago Peñaherrera, coordinador general de Asesoría Jurídica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), señaló en entrevista en Vis a Vis que el propósito del Consejo es que, en un plazo no mayor a seis meses, el país cuente con un Fiscal General.
Sin embargo, aclaró que esto dependerá de que ciudadanos, autoridades y jueces no se presten para obstaculizar el concurso mediante la presentación de acciones de protección.
Peñaherrera indicó que, de acuerdo con la Constitución, no es el Consejo de Participación el que lleva adelante los concursos para la selección de autoridades, como el del Fiscal General del Estado. De este proceso se encarga una Comisión Ciudadana de Selección, integrada por 10 personas: la mitad proviene de las Funciones del Estado y la otra mitad de la ciudadanía, a través de organizaciones sociales.
El Consejo aprobó con antelación el reglamento para la selección y designación de la máxima autoridad de la Fiscalía. No obstante, posteriormente hubo cambios de consejeros y de equipos técnicos al interior del CPCCS.
Por normativa interna del Consejo, existe un equipo técnico integrado por un delegado de cada uno de los consejeros. En este órgano se adoptaron decisiones por votación unánime.
Entre sus integrantes estuvo Cristian Troya, que trascendió es abogado de confianza de Mario Godoy, además de otros representantes, quienes revisaron las carpetas de los postulantes provenientes de las Funciones del Estado y de la ciudadanía, por lo que el procedimiento está claramente definido.
Sobre Troya, el coordinador general afirmó que no tiene ninguna denuncia, no registra responsabilidades en la Contraloría General del Estado y tampoco enfrenta procesos judiciales.
Existía la posibilidad de impugnar, de manera motivada, a postulantes de la Comisión que incurrieran en incumplimientos o posibles faltas de probidad; sin embargo, se realizó una revisión exhaustiva, por lo que las decisiones adoptadas están sujetas a derecho. Este proceso cuenta con más de 300 observadores.
En el caso de Mario Godoy, Peñaherrera indicó que el funcionario provino de una terna remitida por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, por lo que se confió en esas personas, ya que venían cumpliendo esas funciones. “No se entiende que el presidente de la Corte no tenga responsabilidad en cuanto a la conformación de la terna”, manifestó.
Finalmente, aseguró que la designación de Godoy fue transparente y que la documentación está disponible en la página web del CPCCS, donde se puede verificar cómo se desarrollaron las audiencias.
