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El legislador Xavier Ordóñez advierte indicios de responsabilidad penal y un presunto esquema para evadir la subasta inversa, mientras la Contraloría General del Estado ya emitió glosas sobre el proceso.
Xavier Ordóñez, asambleísta de ADN, afirmó que el proceso de fiscalización sobre la adquisición de 60 trolebuses para el sistema de transporte de Quito busca sentar un precedente y aplicar lo que determina la Constitución. Según el legislador, el alcalde Pabel Muñoz y el Municipio están sujetos al numeral 9 del artículo 120, el cual faculta a la Asamblea Nacional del Ecuador para fiscalizar los actos de los órganos del poder público.
Ordóñez señaló que en la compra de las unidades existe un informe de la Contraloría General del Estado con glosas e indicios de responsabilidad penal. Debido a esto, el pleno del Legislativo aprobó -el 20 de enero de 2026- con 79 votos una resolución para que la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana realice una fiscalización integral.
El cronograma del proceso detalla hitos clave: el 24 de enero del año pasado se firmó el acta de entrega-recepción provisional de la unidad prototipo; el 17 de febrero se suscribió el acta parcial del primer grupo; el 22 de marzo se recibió una nueva entrega y, del 2 al 11 de abril, se realizó la inspección de las unidades. Aunque los vehículos llegaron en tiempo récord, Ordóñez explicó que las paradas del sur no eran compatibles con los buses y debieron ser repotenciadas.
El legislador, representante por América Latina y el Caribe, denunció un presunto ‘modus operandi’ para eludir el sistema de compras públicas. Calificó la estrategia como un ‘baipaseo’, argumentando que el Municipio solicitó asistencia técnica a un organismo internacional que, según su criterio, no podía suplantar el rol de un proveedor ni evadir la normativa local de contratación.
Ordóñez indicó que no solo se pagó casi un 8% por la gestión, sino que se entregó la totalidad del monto para la adquisición a dicho organismo, omitiendo el proceso de subasta inversa electrónica que correspondía. Por ello, solicitó que el caso fuera derivado a la Comisión de Relaciones Internacionales.
Finalmente, el asambleísta informó que han solicitado a la Contraloría General del Estado un alcance detallado de su informe. La Comisión elaborará un documento propio que, tras ser aprobado por el Pleno, será remitido a la Fiscalía, la Contraloría y al Concejo Metropolitano de Quito. “Si encontramos falencias legales que permitieron perjuicios para el país, presentaremos reformas para que este precedente no se repita”, concluyó.
