La Naranja Ec Noticias 'fresh' del Ecuador y el Mundo
El juez anticorrupción Carlos Serrano detalló ante la Comisión de Fiscalización las amenazas, presiones y el retiro de su seguridad tras fallar en el caso Euro 2024. La AEMAJ advirtió que estos hechos evidencian los riesgos que enfrentan los jueces y la falta de garantías para ejercer con independencia.
El juez anticorrupción Carlos Serrano, en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, se refirió a los hechos en los que se vio involucrado en diciembre pasado.
Se posesionó el 9 de diciembre de 2022 en el cargo de juzgador de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado.
Uno de los últimos casos que evacuó fue el conocido como Euro 2024. El juez narró que en noviembre del año pasado, se colocó un coche bomba en la parte posterior del Complejo Judicial Norte, a pocos metros de las oficinas de los jueces de la unidad especializada.
Días después, Henry Gaibor, exdirector del Consejo de la Judicatura en Pichincha, señaló que ejerció presión sobre Serrano por el caso Euro 2024.
La decisión oral de este proceso fue emitida el 20 de noviembre de 2025, en la que Serrano y el doctor Cristian Fierro, miembro del Tribunal, condenaron a todos los acusados, entre ellos Jezdimir Srdan, un individuo de origen serbio.
En esa diligencia, Srdan gesticuló con su dedo a la altura de su garganta y luego lo deslizó sobre el cuello, evidenciando una señal alusiva a una posible amenaza de muerte, según consta en un parte policial.
A pesar de ello, el 2 de diciembre, el Ministerio del Interior le retiró la seguridad policial a Serrano, que estaba a cargo de dos agentes, quienes le comunicaron que ya no podían acompañarlo. Por esta razón, el juez tomó medidas básicas de protección.
Esta situación llamó la atención de Serrano, ya que cinco días antes la Dirección Nacional de Seguridad y Protección (Dinpro) notificó, mediante un informe de análisis de riesgo, que su nivel había aumentado en dos puntos; sin embargo, aun así, se le retiró la seguridad.
Sin embargo, el 3 de diciembre, el juez solicitó con carácter urgente la restitución de la seguridad y la autorización de teletrabajo a Gaibor y a Godoy, pero señaló que nadie se puso en contacto con él.
Un día después, ante el desamparo y el temor de perder la vida, presentó su renuncia. Serrano indicó que decidió salir del país el 15 de diciembre, debido a que no le restituyeron la seguridad; posteriormente, su caso se hizo público.
Luego, el juez notificó al Consejo de la Judicatura que no asistiría más a laborar para garantizar su vida.
Pero los hechos no quedaron ahí. Godoy acudió el 5 de enero de este año al pleno de la Asamblea Nacional, pero no defendió a las víctimas ni el quebrantamiento de la independencia judicial. Serrano afirmó que en esa comparecencia no se formalizó el respaldo institucional a favor suyo.
El magistrado sostuvo que Godoy vulneró tanto la independencia judicial como la garantía de seguridad para los jueces.
Asimismo, el juez se refirió a la versión de que el 15 de diciembre de 2025 se le otorgó teletrabajo; no obstante, agregó que tiene evidencia de que esta medida no se dispuso para proteger su seguridad, sino para que se instale en la audiencia del caso Triple A.
Esto, pese a que ya había presentado su renuncia y no quería conocer más causas, pues ello impediría su salida del cargo.
“Tengo evidencia contundente de que ese teletrabajo que se me activó fue para que pudiera asistir al caso Triple A, que se adelantó de manera extraña para el 24 de diciembre”, señaló.
Asociación pide más seguridad
Ante las declaraciones emitidas por Carlos Serrano durante su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces considera que este caso constituye una muestra clara de los riesgos permanentes a los que se enfrentan los jueces en el ejercicio de sus funciones.
Desde hace varios años, el gremio ha exigido el fortalecimiento de los protocolos de seguridad para los magistrados del país; sin embargo, no han contado con respuestas efectivas.
“La independencia judicial no puede existir sin seguridad. Proteger a quienes administran justicia es proteger el Estado de derecho y la democracia”, señaló el comunicado.
