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Francisco Sebastián B., hijo de la exvicepresidenta Verónica A., fue sentenciado a cinco años de prisión por oferta de tráfico de influencias. El Tribunal también dispuso una multa de 12 salarios básicos unificados, la pérdida de derechos de participación por 10 años y disculpas públicas.
Francisco Sebastián B., hijo de la exvicepresidenta de la República, Verónica A., fue sentenciado a cinco años de pena privativa de libertad.
La Fiscalía General del Estado logró esa sentencia por una supuesta oferta de tráfico de influencias, en calidad de autor directo, por lo que el Tribunal de Garantías Penales que conoció la causa lo declaró culpable de ese delito.
Se trata de la pena máxima que tipifica el artículo 286 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) para esta infracción.
En el dictamen, los magistrados también impusieron una multa de 12 salarios básicos unificados, la pérdida de los derechos de participación por 10 años y la obligación de ofrecer disculpas públicas por los hechos cometidos.
Durante más de tres semanas, los jueces desarrollaron el proceso de deliberación, analizando las pruebas presentadas por la Fiscalía, y posteriormente dieron a conocer de forma oral el fallo.
El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía mediante una denuncia ingresada en el buzón de transparencia del sitio web institucional.
El fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, durante la audiencia de juicio, expuso los elementos probatorios obtenidos en la investigación, con los que demostró la existencia del delito y la responsabilidad de Francisco B.
Entre las evidencias se determinó que el presunto perjudicado se reunió en un hotel de Quito, el 8 de diciembre, con el sentenciado, quien le habría solicitado 1.700 dólares de un sueldo de 3.200 dólares a cambio de un puesto de trabajo en la Vicepresidencia de la República.
La víctima firmó una letra de cambio por 30.600 dólares para garantizar el pago, monto que debía cancelar en el plazo de un año.
A pesar de que aceptó la designación en el cargo, fue desvinculado meses después. Tras la salida de la víctima, Francisco B., en su despacho en Cuenca, habría quemado la letra de cambio.
Con pericias practicadas, como el cotejamiento de voces de una grabación telefónica en la que ambos coordinaron la entrega del dinero, los hechos fueron confirmados. Un análisis pericial determinó que las voces corresponden a Francisco Sebastián B. y al denunciante.
Un informe de seguimiento y vigilancia, así como un documento investigativo elaborado por los agentes que conocieron el caso, también fueron presentados en la audiencia de juicio. Otra de las evidencias fue el basurero donde se incineró la letra de cambio y el análisis de una imagen tomada por la víctima mientras se quemaba el documento.
En este proceso, un segundo inculpado, Daniel R., se encuentra prófugo y su juicio permanece suspendido.
