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Las concejalas Mirian Ayala y María Belén Jáuregui solicitaron la intervención de la Contraloría tras cuestionar el procedimiento utilizado por Emapa Ibarra para aplicar las nuevas tarifas de agua potable en el cantón.
La Dirección Nacional de Empresas Públicas de la Contraloría General del Estado realizará un examen especial al incremento de las tarifas de agua potable del cantón Ibarra, aplicado por la Emapa Ibarra y puesto en vigencia en febrero pasado.
La entidad comunicó esta decisión a las concejalas Mirian Ayala y María Belén Jáuregui, quienes previamente solicitaron la intervención del organismo de control.
Ayala señaló que no se tomó en cuenta que el Concejo Municipal de Ibarra no aprobó el nuevo pliego tarifario actualmente vigente, por lo que, al igual que la ciudadanía, conoció la medida a través de las redes sociales.
Según la edil, la Emapa Ibarra debió remitir la propuesta tarifaria a la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), entidad que posteriormente debía emitir un informe con recomendaciones, sugerencias y la revisión del pliego tarifario. En ese informe, el organismo habría señalado que las nuevas tarifas debían establecerse mediante una ordenanza.
El directorio de la empresa pública municipal, presidido por el alcalde Álvaro Castillo e integrado por los concejales Raiza Zamora, Edwin Vásquez y Fabricio Reascos, debió remitir la propuesta al Concejo Municipal para que, mediante ordenanza, se establecieran los nuevos costos. Ayala reiteró que ese procedimiento no se cumplió.
En el caso de la Emapa, el ARCA remitió el informe el año pasado y, posteriormente, el directorio aprobó los nuevos costos el 8 de diciembre de 2025.
Además, el gerente de la empresa, mediante una resolución administrativa emitida en febrero último, puso en vigencia las nuevas tarifas.
Ayala y Jáuregui, apelando a la figura del “amicus curiae”, presentaron sus argumentos dentro de la Acción de Protección interpuesta por Jorge Llanos, con la que se busca impugnar el incremento de las tarifas de agua potable.
Según Ayala, durante la audiencia, los representantes de la Emapa argumentaron que el directorio aprobó el informe del ARCA y que podía adoptar esa decisión debido a que el año pasado no existió una ordenanza. “Eso no implica que se continúe incumpliendo la ley, y en diferentes cantones del país sí existen ordenanzas”, manifestó.
La jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y Adolescentes Infractores de Ibarra, durante la audiencia realizada el 20 de mayo, no rechazó la Acción de Protección, sino que determinó que no tiene competencia para tratar el tema y que este debe ser analizado por la Corte Constitucional.
La audiencia se reinstaló dos meses después de que los accionantes presentaran este recurso constitucional.
Ayala recordó que, al inicio de esta administración, el propio alcalde mencionó que la empresa estaba “en terapia intensiva”; sin embargo, considera que ese análisis financiero no puede traducirse en sacar dinero del bolsillo de la ciudadanía para cubrir, posiblemente, malas administraciones.
Además, indicó que la entidad sostiene que la elevada deuda de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), cuya cifra no fue precisada, constituye un problema de ciudad.
