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Se detectaron responsabilidades administrativas, civiles y penales en convenios con la empresa estadounidense. Se establecieron dos glosas que superan los 120 millones de dólares.
La Contraloría General del Estado detectó responsabilidades administrativas, civiles y con indicios penales en el examen especial realizado a los contratos adjudicados por la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) con la empresa Progen, correspondiente a los proyectos Quevedo y El Salitral.
Este caso es similar al contrato firmado por CELEC con la empresa Austral Technical Management (ATM) para el proyecto Esmeraldas.
Ni Progen ni ATM son fabricantes, y tampoco cumplían con las especificaciones del contrato, según declaró Mauricio Torres, contralor general del Estado.
Incluso expuso que la empresa ATM fue constituida con un capital de apenas 260 dólares.
Estos exámenes especiales comprenden el período del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024.
El ente de control recibió tres solicitudes para la realización de estos exámenes: una del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, otra del directorio de CELEC y una más de la Asamblea Nacional.
El funcionario explicó que, tras la aprobación del examen en esta jornada, se prevé enviar el informe con indicios penales a la Fiscalía General del Estado.
En dicho informe constan los nombres de funcionarios que integraron la comisión técnica que podrían tener responsabilidades, aunque estos se mantienen reservados mientras no se inicie la instrucción fiscal.
En el caso de Quevedo, se estableció una glosa por 54 millones de dólares, y en El Salitral, por 70 millones.
Contrato sin garantías
El contralor indicó que la presunción de responsabilidades involucra a mandos medios y niveles jerárquicos superiores.
En el caso de Progen, los equipos están empacados, por lo que no pudieron ser revisados; sin embargo, los auditores presumen, a partir de la documentación utilizada, que los generadores no son nuevos.
Torres señaló que los auditores determinaron que se realizaron pagos sin las garantías correspondientes, e incluso se efectuaron adquisiciones fuera de lo estipulado en el contrato.
En el ámbito administrativo y civil, el organismo procederá con la predeterminación de responsabilidades.
Los funcionarios involucrados tendrán la oportunidad de presentar impugnaciones y, posteriormente, se realizará la determinación definitiva.
El último recurso será el proceso de revisión ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
Por su parte, Carolina Jaramillo, vocera de Carondelet, indicó que está en curso el cobro de las garantías presentadas por ambas empresas.
Además, se refirió a la desvinculación de funcionarios a quienes se les ha determinado responsabilidades.
Torres añadió que, en el caso de El Salitral, el contratista renunció al anticipo, no presentó garantías, pero se efectuaron pagos por hitos; es decir, a medida que se presentaban determinados generadores, se autorizaban los desembolsos.
