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La Corte Constitucional de Ecuador declaró la responsabilidad del Estado en la detención ilegal y arbitraria de seis adolescentes durante el paro nacional de octubre de 2019. El fallo determina que la fuerza pública vulneró los derechos a la libertad e integridad de los menores, quienes sufrieron malos tratos e incomunicación, ordenando medidas de reparación integral que incluyen becas de estudio y disculpas públicas.
Tras más de seis años de litigio y resistencia social, la Corte Constitucional de Ecuador emitió un fallo histórico, al declarar que la fuerza pública incurrió en detenciones ilegales y arbitrarias durante las protestas de octubre de 2019. La sentencia se centra específicamente en la vulneración de derechos contra seis adolescentes, de entre 14 y 17 años, quienes fueron privados de su libertad de forma irregular, mientras participaban en las movilizaciones lideradas por el movimiento indígena contra el decreto de eliminación de subsidios a los combustibles del entonces presidente Lenín Moreno.
De acuerdo con el dictamen difundido por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el alto tribunal determinó que los menores, dos de ellos pertenecientes a comunidades indígenas, fueron víctimas de un sistema represivo que ignoró los protocolos internacionales de protección a la niñez. El fallo detalla que los adolescentes sufrieron malos tratos, permanecieron incomunicados en lugares no autorizados y no fueron separados de los adultos detenidos. Además, la Corte subrayó que sus derechos les fueron leídos recién diez horas después de la aprehensión, ratificando así una acción de habeas corpus que les permitió enfrentar en libertad un proceso por presunto terrorismo que originalmente pretendía su internamiento preventivo.
El Estado debe actuar de forma inmediata
Como parte de las medidas de reparación integral, los magistrados ordenaron un plan de acción obligatorio para diversas instituciones del Estado. El Ministerio de Salud deberá brindar atención psicológica especializada a las víctimas, mientras que el Ministerio de Educación tiene la responsabilidad de otorgar becas integrales que cubran la totalidad de sus gastos de estudio. Asimismo, la sentencia exige que el Ministerio del Interior y el Consejo de la Judicatura emitan disculpas públicas, reconociendo formalmente que se vulneraron los derechos a la libertad e integridad personal de estos jóvenes.
La Conaie, junto a la Asociación Inocencio Tucumbi y la Alianza de Derechos Humanos, celebró la decisión como una victoria contra la criminalización y la injusticia. Para la organización, este fallo no solo repara a los individuos, sino que evidencia la responsabilidad estatal en los eventos de octubre de 2019, donde las protestas de 11 días dejaron un saldo de seis fallecidos y más de 1.500 heridos. Con esta sentencia, el máximo organismo de control constitucional sienta un precedente sobre los límites del uso de la fuerza y la protección de los derechos humanos en contextos de grave convulsión social.
