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Edison David Farinango Tontaquimba falleció tras permanecer casi dos meses hospitalizado por heridas sufridas durante las protestas de octubre. Con su muerte, suman cuatro las víctimas vinculadas al Paro Nacional 2025, tres de ellas en Imbabura.
En el cementerio de Cotacachi fue sepultado Edison David Farinango Tontaquimba, la cuarta víctima del Paro Nacional de 2025, que se focalizó en la provincia de Imbabura.
Familiares, vecinos y amigos del joven comunero de San Ignacio de Cotacachi asistieron a la inhumación, que se realizó pasado el mediodía.
El féretro de color blanco fue ingresado al camposanto cargado a hombros por cuatro comuneros, mientras ritmos andinos emergían desde un parlante.
Tras permanecer cerca de dos meses hospitalizado, Farinango falleció la tarde del sábado último en el Hospital Eugenio Espejo, en el centro de Quito. Previamente, fue trasladado a casas de salud de Cotacachi e Ibarra.
La víctima había resultado gravemente herida durante la paralización de octubre.
Según la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y sus familiares, Farinango recibió el impacto de dos bombas lacrimógenas durante una jornada de movilizaciones en Cotacachi: una en la espalda, a la altura de los riñones, y otra en la pierna. Estas lesiones derivaron en un progresivo deterioro de su salud.
La Confederación informó que la víctima era artesano, agricultor y constructor, y expresó su solidaridad con la familia. Con su deceso, suman cuatro las muertes vinculadas a la última paralización a escala nacional, tres de ellas registradas en Imbabura: Efraín Fueres, José Guamán y Edison Farinango y Rosa Paqui, en Loja.
En un breve mensaje, uno de sus primos le agradeció por la lucha y por defender el territorio y al pueblo indígena.
La Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC) sostiene que su fallecimiento, junto al de otros tres comuneros, es consecuencia directa de una política de represión estatal y no de un supuesto control del orden.
En el pronunciamiento, UNORCAC responsabiliza políticamente al Gobierno de Daniel Noboa por el uso desmedido de la fuerza, la criminalización de la protesta social y la respuesta violenta a demandas legítimas, denunciando que el Estado utilizó a las fuerzas de seguridad para reprimir y silenciar a la población, lo que califican como un hecho grave e inaceptable.
