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Se analizan el anillo vial, presunto proselitismo y el Sistema de Mercados por posibles irregularidades. El Consejo advierte posibles vulneraciones de derechos y falta de participación ciudadana en la decisión municipal.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) mantiene abiertas dos líneas de investigación en el Municipio de Ibarra. La primera se relaciona con el anillo vial de la ciudad y la segunda con el presunto proselitismo del hijo del alcalde, Álvaro Castillo.
El consejero David Rosero expuso que se ha certificado que Álvaro Castillo Monge, hijo de la autoridad, no es funcionario público; sin embargo, se han recibido denuncias ciudadanas por su participación en programas públicos.
Por esta razón, se impulsará una indagación para que los organismos electorales y de control establezcan las sanciones correspondientes.
La investigación tiene un plazo de 90 días. Rosero considera que el manejo “hacendatario” de la administración municipal genera rechazo ciudadano, ya que la ciudadanía percibe que la administración pública no debe convertirse en un caso de hegemonía.
Asimismo, explicó que la Ordenanza de Contribución por Mejoras debe ser revisada, ya que genera una distorsión económica en los frentistas. Considera que el pago del 70 % que realizan los ciudadanos afecta significativamente a su economía, mientras que solo el 30 % corresponde al Municipio.
Falta de participación en el Sistema de Mercados
En el caso del proyecto del Sistema de Mercados Centrales de Ibarra, la resolución del pleno del CPCCS fue adoptada por unanimidad.
En dicha investigación se determinan indicios de responsabilidad administrativa debido a la falta de un proceso participativo por parte del Municipio de Ibarra.
El consejero se refirió a la resolución adoptada el 15 de mayo de 2025 por el Concejo Municipal de Ibarra, mediante la cual se entregó este proyecto a la empresa Innova para la búsqueda de un aliado estratégico.
Rosero detalló que se notificó al Contralor General del Estado para que determine las acciones y sanciones correspondientes.
Indicó también que se han detectado posibles vulneraciones a los derechos humanos, entre ellos el derecho al trabajo, al acceso a la información, así como derechos económicos y culturales. Por ello, se notificó a la Defensoría del Pueblo para que, en el marco de sus competencias, emita un pronunciamiento.
Además, se notificó a la Alcaldía y a los concejales de Ibarra para que revisen la resolución que generó el conflicto social.
El objetivo es que se realice un nuevo proceso que cumpla con el artículo 95 de la Constitución y otros parámetros que garanticen una participación ciudadana efectiva.
Desde el sector de los comerciantes se ha manifestado la necesidad de construir un nuevo centro de comercio; no obstante, una de las alternativas planteadas es realizarlo en las mismas instalaciones.
El consejero Rosero espera que el Concejo Municipal tome decisiones oportunas y que las autoridades de control actúen en estos temas. La Unidad de Patrocinio del CPCCS monitoreará el caso y se espera que exista una respuesta antes de que concluya la actual administración.
