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El informe concluyente señala afectación a derechos de participación de comerciantes y será remitido a la Contraloría y a la Defensoría del Pueblo.
En el proyecto del Sistema de Mercados Centrales de Ibarra determinó indicios de responsabilidad administrativa por una afectación en los derechos de participación de los comerciantes.
Esa es una de las resoluciones del informe concluyente del pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) elaborado por el secretario técnico de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
El consejero David Rosero explicó que ese informe será remitido a la Contraloría General del Estado, a fin de que se ejerzan las acciones de control y sanción que correspondan.
El funcionario dijo que también remitirá la documentación a la Defensoría del Pueblo, para el conocimiento de los hechos que generan la presunta vulneración de derechos humanos, entre ellos, al trabajo, el acceso a la información pública; derechos económicos sociales y culturales de los comerciantes minoristas del mercado Amazonas.
“El proyecto ha estado marcado de una opacidad, a decir los comerciantes minoristas nunca hubo información de cómo se dará el proceso, cuántos van a ser los costos y una serie de elementos”, señaló Rosero.
Rectificación del proyecto
En julio pasado recibieron una denuncia por parte de comerciantes de la Coordinadora Yo soy el Mercado debido a la falta de socialización del proyecto del Sistema de Mercados Centrales de Ibarra.
Una mayoría de concejales afines al alcalde Álvaro Castillo aprobó, el 15 de mayo, que ese proyecto sea entregado a la empresa Innova, para que realice un concurso público para la selección de un aliado estratégico.
Sin embargo, Rosero añadió que no hubo un proceso conjunto de toma de decisiones, por lo que también se ha notificado al alcalde y a los concejales para que revisen la decisión tomada en mayo pasado.
Lo que se solicita es una rectificación, de modo que se lleve a cabo un nuevo proceso con la participación de los comerciantes, quienes están dispuestos a contar con un nuevo centro de comercialización, siempre que se expliquen los costos, diseños e infraestructura.
El CPCCS, además de la designación de altas autoridades del Estado, también se encarga de garantizar los derechos de participación e investigar presuntos actos que generen corrupción.
Rosero explicó que actuaron tras la denuncia ciudadana, por lo que se inició el proceso de investigación y se solicitó información del proyecto al Municipio de Ibarra. En consecuencia, el pleno del Consejo aprobó la resolución.
En caso de que la Alcaldía de Ibarra no acate este informe de investigación, los comerciantes minoristas podrán emprender acciones legales para defender sus derechos.
