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El consejero del CPCCS, David Rosero, informó que está por aprobarse el informe de investigación sobre el presunto proselitismo político del hijo del alcalde de Ibarra. Además, el organismo recibió nuevas quejas ciudadanas relacionadas con el incremento de la tarifa de agua potable y la entrega en comodato de un edificio histórico.
David Rosero, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), reveló en Los Titulares que está por aprobarse el informe de investigación sobre el presunto proselitismo político del hijo del alcalde de Ibarra, Álvaro Castillo.
En diciembre pasado se conoció que esa era una de las dos líneas de investigación que abrió el CPCCS, ya que Álvaro Castillo Monge no es funcionario público; sin embargo, se recibieron denuncias ciudadanas por su participación en programas públicos.
Por ello, se impulsó una indagación que tenía un plazo de 90 días para que los organismos electorales y de control establezcan las sanciones correspondientes.
Rosero comentó en aquella ocasión que el manejo “hacendatario” de la administración municipal genera rechazo ciudadano, ya que la población percibe que la administración pública no debe convertirse en un caso de hegemonía.
El consejero dio a conocer que recibieron dos quejas adicionales. Una está relacionada con el incremento, supuestamente injustificado, de la tarifa de agua potable en el cantón Ibarra. “En barrios no existe el servicio durante 10 a 12 horas, como en Huertos Familiares. Han subido la tarifa con el argumento de mejorar el servicio; sin embargo, el líquido vital no llega”, señaló.
Por su parte, Piedad Cuarán, consejera del CPCCS, explicó que al tratarse de un servicio público pueden activar un comité de usuarios para vigilar porque no puede ser que cobre más por un pésimo servicio.
El otro caso es la entrega en comodato del edificio antiguo del Colegio Teodoro Gómez de la Torre, dentro del proyecto Torreón, a una empresa por 20 años. Rosero indicó que van a activar algunas acciones porque vienen ocurriendo una serie de situaciones complejas en Ibarra y es necesario que los ciudadanos levanten su voz.
Hay alternativas para construcción de mercado
En el caso del nuevo Mercado Amazonas, añadió que los comerciantes han planteado un proyecto de modernización en el mismo sector. Incluso, lanzaron una marca para promover las ventas en este centro de expendio.
Otro de los objetivos planteados es que los próximos aspirantes a nuevas autoridades de la ciudad firmen un acta compromiso para respaldar el proyecto de renovación en el mismo sitio.
“Recordemos que se quería vender un mercado en 70 millones de dólares, cuando en El Salvador, que es un país dolarizado, está por 34 millones”, aseguró Rosero.
Además, comerciantes ibarreños visitaron el mercado de Santo Domingo de los Tsáchilas, donde se edificó un mercado con un costo de 12 millones de dólares para 1.200 puestos. Rosero considera que, en el caso de la capital imbabureña, que se proyecta para 3.000 comerciantes, su costo oscilaría entre USD 30 y 36 millones.
El CPCCS resolvió en junio iniciar una investigación al alcalde de Ibarra y a los concejales del Municipio por el proyecto del Sistema de Mercados Centrales, por presuntos actos u omisiones que afectan la participación ciudadana.
