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El Pleno de la Asamblea debatió la reforma al sistema penitenciario en medio de fuertes cuestionamientos entre oficialismo y oposición, mientras se evidencian problemas estructurales como hacinamiento, violencia y falta de control en las cárceles del país.
El Proyecto de Ley Reformatoria para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario fue aprobado por 84 votos en la Asamblea Nacional. En la Sesión del Pleno No. 78, que tuvo como sede la Universidad Católica de Cuenca, se desarrolló el debate que tuvo acusaciones mutuas entre los legisladores de la bancada oficialista ADN y de los legisladores de oposición de Revolución Ciudadana (RC).
En el informe para segundo debate, la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral señala que el sistema penitenciario del país presenta problemas estructurales, entre ellos: hacinamiento, corrupción, falta de personal capacitado, deficiencias en infraestructura y nulo acceso a programas de rehabilitación.
El Gobierno Nacional declaró la existencia de un conflicto interno armado debido a la actividad de grupos terroristas, por lo que dispuso la intervención de las Fuerzas Armadas, con la intención de recuperar el control de los centros penitenciarios.
El oficialismo considera que, para superar esta crisis, se requiere una reforma integral de las leyes y del manejo del sistema penitenciario, que incluya medidas urgentes y cambios estructurales. Además, plantea fortalecer al SNAI mediante autonomía técnica, dotación de recursos, personal capacitado, supervisión judicial efectiva y cooperación internacional.
Según Inés Alarcón, presidenta de la Comisión, se proponen seis pilares principales. El primero es la creación de inteligencia penitenciaria, con el fin de contar con información que permita a los responsables del sistema tomar decisiones.
Asimismo, se plantea cubrir el déficit de guías penitenciarios mediante la incorporación temporal de policías y militares en servicio pasivo. Para los nuevos aspirantes de guías se establecen requisitos como aprobar pruebas de confianza, no registrar antecedentes penales y no haber integrado organizaciones delictivas. No se precisó el número de guías requeridos.
También se implementará el principio del uso legítimo de la fuerza, destacando la necesidad de responder a la realidad actual de las cárceles. “No puede ser que, mientras las personas privadas de la libertad (PPL) tengan todo tipo de armas, nuestros guías penitenciarios cuenten únicamente con un tolete”.
El Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, en el ámbito del SNAI, tendrá funciones como garantizar la seguridad interna de los centros de privación de libertad, mantener el orden, ejercer custodia y vigilancia de las PPL, y ejecutar inspecciones, operativos de seguridad y requisas, entre otras.
Para la reclasificación de las personas privadas de libertad se propone utilizar parámetros como riesgo de fuga, nivel de peligrosidad y jerarquía dentro de organizaciones criminales.
En cuanto al trabajo interno de los privados de libertad, se plantea que desarrollen actividades productivas para sustentar su permanencia en los centros. “No hay otra forma de rehabilitar que la dignificación de las personas a través del trabajo”.
En Ecuador, los centros penitenciarios fueron diseñados para delincuencia común; sin embargo, actualmente enfrentan la presencia de grupos de delincuencia organizada y cárteles de droga.
Por su parte, la asambleísta Noemí Cabrera (RC), por la provincia de El Oro, señaló que entre 2023 y 2026 se registran más de 500 muertes en cárceles del país, producto de masacres, y afirmó que no se trata de hechos aislados, sino de operaciones de bandas criminales.
En ese sentido, considera que la normativa no cambiará la realidad, ya que esta es resultado de la corrupción institucional, la ausencia de inteligencia penitenciaria y la penetración de estructuras criminales en el sistema de seguridad.
La asambleísta Farinango replicó que entre 2013 y 2015 se realizaron reformas al Código Orgánico Integral Penal, incluyendo cambios en la tabla de consumo, y que un año después se liberó a aproximadamente 2.000 personas vinculadas como “mulas” del narcotráfico, lo que habría contribuido al retorno de la violencia en las calles. También se refirió a procesos de pacificación con grupos delincuenciales.
Por su parte, Jahiren Noriega, asambleísta por Pichincha (RC), sostuvo que el problema del sistema penitenciario no se soluciona únicamente con reformas legales, sino que responde a la falta de voluntad política y de presupuesto.
Indicó que el presupuesto del SNAI durante el Gobierno de Daniel Noboa se ha reducido, y que en 2025 la ejecución presupuestaria no alcanzó el 34%, sin precisar el monto.
Finalmente, señaló que, durante los estados de excepción en las prisiones, se han fugado aproximadamente 500 personas privadas de la libertad. “Han tenido 27 meses para solucionar la crisis del sistema penitenciario y han hecho más que agravarlo”.
