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La Policía Nacional apeló el sobreseimiento definitivo de los procesados en el caso “Los 12 de Otavalo”. La defensa afirma que no existen pruebas que los vinculen con los hechos y espera que la audiencia de segunda instancia se realice en las próximas semanas.
Luis Yépez, abogado defensor en el caso denominado “Los 12 de Otavalo”, informó que están a la espera del sorteo de un tribunal de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, que conocerá en segunda instancia el proceso por presuntos delitos de ataque y resistencia, así como daño a bien público, investigados durante las protestas registradas en Otavalo.
La Comandancia General de la Policía Nacional apeló la decisión del juez de primera instancia que dictó el sobreseimiento definitivo de los procesados, pese a que inicialmente presentó una acusación particular por el delito de terrorismo.
Yépez señaló que la Fiscalía General del Estado, titular de la acción penal, no presentó recurso de apelación contra dicha resolución judicial. Estima que la nueva audiencia podría desarrollarse en un plazo de entre dos y tres semanas.
Las protestas convocadas por la Conaie empezaron el 22 de septiembre de 2025, tras la eliminación del subsidio al diésel. Durante las manifestaciones, las instalaciones de la Policía Judicial de Otavalo fueron incendiadas. Como consecuencia, 12 personas fueron detenidas y enviadas a prisión preventiva al ser vinculadas a una investigación por el delito de terrorismo.
El abogado sostiene que para configurar el delito de terrorismo debía existir un grupo armado que generara terror en la población. Además, aseguró que los procesados ni siquiera se conocían entre sí, razón por la cual considera que la imputación por terrorismo no pudo sostenerse.
Yépez no negó los hechos ocurridos durante la jornada de protestas y los calificó como excesivos. Sin embargo, manifestó que no se ha logrado determinar quiénes fueron los responsables de los daños, que superarían los 150.000 dólares, en el caso de los bienes policiales. Incluso, señaló que los actos violentos habrían sido provocados por infiltrados, posiblemente vinculados a actividades mineras, y no por miembros de las comunidades indígenas.
Casi un mes después de las detenciones, el 24 de octubre de 2025, un tribunal revocó la prisión preventiva para 11 de los 12 procesados, permitiéndoles defenderse en libertad. Posteriormente, la misma medida se aplicó al último detenido.
El 19 de noviembre, la Fiscalía reformuló los cargos y sustituyó la acusación de terrorismo por los presuntos delitos de ataque y resistencia y daño a bien público. Según Yépez, el parte policial no individualiza las conductas atribuidas a cada uno de los procesados ni determina qué acciones habría cometido cada uno.
El jurista afirmó que la mayoría de las detenciones no se produjo durante el ataque a las instalaciones policiales, ocurrido alrededor de las 15:45. Indicó que dos personas fueron detenidas incluso antes de que se produjera el incendio de la infraestructura y los vehículos, mientras que otras fueron aprehendidas durante la noche porque presuntamente tenían características físicas similares a las de los sospechosos.
El pasado 5 de junio, la justicia dictó el sobreseimiento definitivo para los 12 procesados y otras seis personas vinculadas al caso. No obstante, la Policía Nacional presentó una apelación contra esa decisión.
Yépez señaló que una pericia de audio y video realizada con grabaciones obtenidas de cámaras del ECU 911 y de establecimientos cercanos permitió comparar los rostros de los procesados con las imágenes registradas durante los hechos, sin que existiera coincidencia. Según indicó, un perito de la Unidad de Criminalística y Ciencias Forenses de la Policía Nacional no logró identificar a ninguno de los procesados como participante en los actos investigados.
El abogado tampoco descartó que el caso haya estado influenciado por un discurso político. Recordó que el presidente Daniel Noboa, durante una visita a Otavalo, anunció que quienes fueran detenidos durante las protestas serían acusados de terrorismo.
“Nosotros tenemos un régimen muy presidencialista, donde el jefe de Estado tiene influencia sobre todas las funciones del Estado, por lo que no existe una verdadera separación de funciones”, manifestó.
Finalmente, Yépez señaló que las consecuencias de las protestas afectaron a todos los sectores. Recordó que las organizaciones indígenas lamentaron la muerte de Efraín Fueres y José Guamán, así como más de 500 personas heridas. Por otro lado, la paralización de las vías y de la actividad comercial generó importantes pérdidas económicas. Sin embargo, sostuvo que estos hechos fueron consecuencia de una deficiente administración estatal.
