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Dos agentes municipales interpusieron una acción de protección para evitar la desaparición de la Unidad K9 de Otavalo. Denuncian falta de formalización, deficiencias en el cuidado de los canes y una presunta persecución laboral, mientras un juez ordenó garantizar su atención y bienestar.
Dos agentes de control del Municipio de Otavalo presentaron una acción de protección para evitar que este Gobierno Autónomo Descentralizado desaparezca la Unidad K9.
Se trata de un componente especializado en la búsqueda y localización con canes. Una de las recientes intervenciones de los perros fue su despliegue en la búsqueda del joven Héctor Ruiz, en la vía Alóag–Santo Domingo de los Tsáchilas.
Adicionalmente, participan en el proyecto Escuela Segura, cuya misión es la vigilancia durante los horarios de ingreso y salida de los centros educativos. Los canes también son utilizados en programas de rehabilitación con niños y participan en ferias.
Según Rodrigo Medina, abogado defensor de los agentes, la Unidad K9 en Otavalo surgió en 2018 por iniciativa de un grupo de agentes que rescataron algunos perros y obtuvieron otros en donación. Actualmente quedan 10 canes; una perrita de nombre “Mide” falleció tras una pelea entre dos perros, por lo que se entablaron sanciones contra los dos agentes que cuentan con capacitación formal en el cuidado de los animales.
El jurista aseguró que esta unidad no tuvo un origen formal dentro de la municipalidad, por lo que su funcionamiento se dio de hecho. Además, señaló que supuestamente no recibía alimentación adecuada y que los donativos llegaban a través de Gestión Ambiental.
Medina afirmó que esto generó molestias al interior de la institución, lo que derivó en una alerta que califica como grave. Indicó que el titular de la Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana habría manifestado su intención de eliminar la Unidad K9, señalando que primero debía conocer sus funciones, versión que consta en el proceso jurídico.
El juez constitucional que otorgó la medida cautelar notificó a la municipalidad para que formalice la situación de los canes, lo que incluye alimentación y atención veterinaria. “La lógica del Municipio era: no podemos desaparecer la Unidad, pero sí a los perros”, indicó Medina.
En su defensa, la municipalidad habría señalado que la Unidad K9 no existe, no tiene presupuesto y que los animales pertenecen a los agentes. Sin embargo, las disposiciones sobre los canes son emitidas por el Gobierno Autónomo Descentralizado. Incluso, se apartó del cuidado de los animales a los dos agentes municipales que presentaron la acción.
El abogado indicó que los agentes empezaron a ser asignados a patrullajes, mientras que los animales, supuestamente, no recibían alimentación.
Medina aseguró que el caso se manejaba de forma hermética, pero decidieron hacerlo público debido a que se ha convertido en una persecución contra los dos accionantes.
“Desde que esto empezó en la vía judicial, el Municipio buscaba cualquier pretexto para iniciar procedimientos sancionadores contra ellos”.
En 2022, tres agentes municipales iniciaron una disputa con el Municipio para ser incluidos en el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (COESCOP), con el fin de mejorar sus condiciones laborales, entre ellas la remuneración.
