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Ecuador reportó la deportación de 700 ciudadanos colombianos presos en sus cárceles, mientras que Colombia reconoce el ingreso de 603. Hubo una falta de coordinación oficial entre ambos gobiernos.
La deportación desde Ecuador hacia Colombia de 700 ciudadanos colombianos que permanecían privados de libertad en 18 cárceles ecuatorianas se llevó a cabo en medio de una protesta por parte de autoridades de la nación vecina.
La Subsecretaría de Migración y la Dirección de Control Migratorio fueron las encargadas, mediante un acuerdo ministerial expedido el 2 de julio, de ejecutar el proceso administrativo de deportación.
Durante este mes se realizaron cerca de 1.000 audiencias individuales a presos colombianos. Las resoluciones emitidas fueron remitidas desde dicha subsecretaría al SNAI.
Según el Consejo Nacional de la Judicatura, en las últimas 24 horas los jueces penales conocieron los casos y emitieron las boletas de excarcelación.
Los individuos, vestidos con ropa de color naranja, fueron deportados a Colombia a través del puente internacional de Rumichaca.
El SNAI anunció que se repatriarán un total de 1.000 colombianos; aún quedarían pendientes 300.
En enero del año pasado, el presidente Daniel Noboa suscribió el Decreto Ejecutivo 139 para la repatriación de extranjeros sentenciados. Sin embargo, quedó prohibida cualquier repatriación de colectivos.
En 2022 había 31.300 personas privadas de libertad, de las cuales 3.245 eran extranjeras, lo que equivalía al 10 % de la población penitenciaria a escala nacional.
Colombia demanda información oficial detallada
La Cancillería de Colombia solicitó a Ecuador que se establezca un protocolo y un calendario para la salida del nuevo grupo, previsto para llegar entre miércoles y jueves.
Rosa Villavicencio, canciller encargada, expuso que la presencia no planificada e informada por parte del Gobierno ecuatoriano de los primeros connacionales afectó a un retorno ordenado.
Incluso, el presidente colombiano Gustavo Petro comentó que Ecuador respondió con desdén.
Según las autoridades colombianas, fueron expulsados 603 compatriotas: 534 hombres y 60 mujeres. De ese grupo, 11 contaban con orden de captura en Colombia por distintos delitos, y uno con circular de Interpol.
Por ello, en el puente de Rumichaca, del lado colombiano, se instaló un punto de mando unificado coordinado por la Gobernación de Nariño y la Alcaldía de Ipiales. Allí, 60 policías garantizaron la seguridad en esta zona fronteriza.
Funcionarios de diversas instituciones del Estado recibieron a los deportados, brindaron atención y coordinaron el desplazamiento a sus respectivas ciudades de origen.
Las autoridades colombianas indicaron que la próxima semana recibirán a otro grupo de 493 personas privadas de libertad.
Villavicencio reiteró la necesidad de contar con información oficial y oportuna, y solicitó a las autoridades ecuatorianas que entreguen los detalles adicionales por los conductos regulares. Por el momento, se cuenta con una lista de 300.
La Cancillería de Ecuador informó que los procesos de deportación de ciudadanos colombianos se desarrollan en cumplimiento del marco normativo. Ecuador rechazó la afirmación de que sea una supuesta deportación colectiva.
