El juez Jairo García dictó prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sus hermanos y otros procesados por presunta delincuencia organizada en el caso Goleada. La defensa anunció apelación a la medida. Paralelamente, un informe del SNAI reveló alertas en el uso del brazalete electrónico.

El juez Jairo García dictó prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez; sus hermanos Antonio —presidente de Barcelona SC— y Xavier; así como otros procesados en el denominado caso Goleada, por presunta delincuencia organizada.
La tarde de este 11 de febrero se reinstaló la audiencia de formulación de cargos contra 11 personas por su presunta participación en el delito señalado, con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.
Según determinó el magistrado, se cumplen los requisitos para ordenar la prisión preventiva de 10 procesados, incluido el alcalde Álvarez. El otro procesado recibió arresto domiciliario por ser adulto mayor.
En la audiencia se reveló que los otros implicados en la investigación son: Carlos Asanza, gerente de la Terminal Terrestre de Guayaquil; Pablo Pita, gerente de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil; David Álvarez, primo del alcalde y directivo de Barcelona SC; César Bravo, representante de la empresa FuelCorp (involucrada en el caso Triple A); Fernando Peñaherrera, representante de la empresa Ternape Petroleum (también vinculada al caso Triple A); Pedro Hidalgo, empresario relacionado con la comercialización de combustibles; Ricardo Bruzzone, empresario inmobiliario; y Gastón Loy.
Ramiro García, abogado del alcalde, cuestionó que, sin un análisis específico del riesgo de fuga o de interferencia en la investigación, el juez haya dictado prisión preventiva contra todos los procesados del caso Goleada, por lo que considera que se trata de una forma de pena anticipada.
García señaló que presentaron de manera oral el recurso de apelación contra la medida de prisión preventiva dictada contra sus defendidos y afirmó que el proceso “recién comienza”.
Por su parte, Pabel Muñoz, alcalde de Quito, manifestó que espera que la justicia garantice el Estado de derecho y la presunción de inocencia.
Dispositivo de vigilancia electrónica con alertas

Un informe del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) reveló que el dispositivo de vigilancia electrónica del alcalde Aquiles Álvarez generó 2.769 alertas de irregularidad desde julio de 2025. El documento detalla que, durante los siete meses en que el burgomaestre ha portado el brazalete por el caso Triple A, el artefacto fue retirado deliberadamente en 33 ocasiones, lo que evidenciaría fallos constantes en el cumplimiento de la medida cautelar.
La situación del funcionario se agravó tras su detención por un nuevo proceso judicial denominado caso Goleada. Durante el allanamiento a su vivienda, agentes confirmaron que Álvarez no portaba el grillete electrónico, lo que constituye un presunto incumplimiento de las disposiciones judiciales.
Según el desglose técnico del SNAI, la mayoría de los incidentes corresponden a 1.515 desconexiones y 129 ingresos a zonas no autorizadas. Además de las 33 ocasiones en que se retiró el artefacto, el sistema registró cinco salidas no autorizadas y múltiples alertas por batería baja. Este historial de irregularidades pone en entredicho la efectividad de las medidas no privativas de libertad dictadas previamente contra el alcalde.
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