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La reestructuración de la Unidad K9 en Otavalo generó un conflicto entre autoridades y dos agentes municipales, que derivó en una acción de protección. Mientras el Municipio defiende los cambios, el abogado de los agentes cuestionan decisiones administrativas.
Marcelo Mora, director de Seguridad y Convivencia Ciudadana, explicó que la constitución formal de la Unidad de Adiestramiento Canino, a cargo de agentes de control municipal, se agilizó tras la presentación de una acción de protección por parte de dos agentes municipales ante un juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores del cantón Otavalo.
La Unidad K9 fue creada en la administración anterior y se dedica al adiestramiento de canes para búsqueda y rescate, detección de narcóticos y actividades de exhibición.
El funcionario señaló que se ha dado cumplimiento a las disposiciones establecidas en dicha normativa. Asimismo, indicó que los canes ahora pertenecen formalmente a la municipalidad.
Mora, exoficial del Ejército, buscó replicar la experiencia adquirida en la institución militar en esta municipalidad, con un enfoque en el fortalecimiento, la capacitación y la mejora de las condiciones de los canes.
También se realizó una reestructuración de los horarios de los agentes para que entrenen a los canes de lunes a viernes. Sin embargo, esta dinámica fue modificada posteriormente debido a presuntas irregularidades al interior de la Unidad K9.
Además, mencionó que había días en los que los agentes permanecían en su lugar de trabajo sin realizar labores de adiestramiento y, en otras ocasiones, ni siquiera se encontraban en sus puestos.
Los agentes tienen como función principal el ordenamiento y control del espacio público, por lo que fue necesario destinar personal de la Unidad Canina a labores en las vías. Esto implicó que los entrenamientos se realicen únicamente los jueves y viernes.
Según Mora, comenzaron a generarse molestias por indisciplina de algunos agentes, lo que llevó a ejercer un mayor control y a reestructurar la Unidad, incluyendo el cambio de su responsable.
A su criterio, el conflicto con los dos agentes que presentaron la acción de protección surgió cuando se intentó rotarlos a otros puestos, ya que ellos no querían salir de la Unidad. Por esta razón, interpusieron el recurso para evitar dicha rotación.
El funcionario indicó que varios agentes de control municipal cuentan con cursos de adiestramiento canino y aseguró que existen más de 40 acciones de personal relacionadas con temas disciplinarios, lo que motivó a ordenar distintos aspectos administrativos.
Uno de los principales problemas, según explicó, era que la Unidad no estaba legalmente constituida, lo que generaba inconvenientes administrativos, ya que la tenencia de los animales recaía en los agentes.
El director detalló que en 2023 se adquirió un traje de entrenamiento antimordeduras con un costo de 1.500 dólares; en 2024 se compró alimento premium por cerca de 10.000 dólares; y en 2025 se adquirió equipamiento como platos, collares, chalecos, juguetes y bozales, entre otros. No obstante, uno de los agentes que presentó la acción de protección se habría negado a recibir dicho equipamiento.
Mora enfatizó que en ningún momento existió la intención de desaparecer la Unidad Canina y aseguró que hay voluntad política para mantenerla.
Por su parte, Rodrigo Medina, abogado defensor de los agentes, sostuvo que existían problemas con la alimentación de los canes y que los donativos llegaban a través de la Unidad de Gestión Ambiental, desde donde se gestionaba la adquisición de comida.
Ante estas declaraciones, el director de Seguridad rechazó los señalamientos del jurista y calificó de irresponsable afirmar que no se proporcionaba alimentación adecuada. Aseguró que las raciones se entregaban con base en recomendaciones veterinarias y que mensualmente se requieren entre 10 y 12 sacos de alimento de 30 kilos cada uno.
