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La Asamblea Nacional tramita reformas que establecen plazos, competencias y una unidad técnica para agilizar la entrega de criminales a otros países, eliminando la sensación de impunidad.
El proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Extradición apunta a crear herramientas sostenibles, legítimas y eficaces que faculten al Gobierno Nacional para combatir el crimen organizado.
La asambleísta Rosa Alegría Torres, del bloque oficialista ADN y presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, indicó que la ley impulsará la creación de mecanismos que permitan al régimen enfrentar la delincuencia transnacional. La iniciativa surge en respuesta al mandato popular aprobado en el referéndum constitucional del 21 de abril de 2024, impulsado por el presidente Daniel Noboa, que habilitó la extradición de ecuatorianos.
Aunque la reforma fue presentada originalmente por el expresidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, se le introdujeron múltiples cambios. La Comisión de Justicia trabaja simultáneamente en el Código Orgánico de la Función Judicial, la Ley de Extradición y el Código Orgánico Integral Penal (COIP), pues las tres normativas están conectadas en la lucha contra la inseguridad.
La legisladora añadió que la normativa busca enfrentar directamente al crimen organizado y enviar un mensaje claro: nadie está por encima de la ley. El objetivo es desmantelar las estructuras criminales mediante la aprehensión y procesamiento de los cabecillas de las organizaciones y, en segunda instancia, desarticular la economía criminal.
Esta normativa no ha sido reformada desde hace 26 años, por lo que se trabajaba con un marco jurídico obsoleto que no contemplaba problemas globales ni grupos de delincuencia organizada altamente adaptables. “En la actualidad hay problemas globales con reglas criminales que se acrecientan cada vez más; se trata de estructuras dinámicas. El marco actual no responde a la realidad que atraviesa el Ecuador; el desafío ahora es declarar la guerra al narcotráfico y a otros enemigos reales”, afirmó Torres.
Como ejemplo de las deficiencias actuales, la Audiencia Nacional de España rechazó recientemente la entrega del cabecilla de «Los Tiguerones» por considerar extemporáneas e insuficientes las garantías de seguridad presentadas por Ecuador. Torres señaló que esto ocurrió debido a la ambigüedad de la ley vigente, que no define con claridad las responsabilidades de cada actor: “En los procesos de extradición, donde dos países se comunican para solicitar a un criminal, intervienen varios entes gubernamentales”.
La legisladora sostiene que, debido al candado constitucional de la Carta Magna de 2008, la extradición era una figura simbólica que generaba una sensación de impunidad. Según explicó, quienes cometían delitos huían del país y se sentían «intocables» por la justicia.
Con esta nueva pauta, se busca modernizar la justicia y crear herramientas sostenibles que doten al Gobierno de la capacidad necesaria para combatir el crimen. T
orres aseguró que las fronteras dejarán de ser un refugio para aquellos criminales que buscaban evadir la acción judicial. Finalmente, la nueva ley determina plazos, competencias y titularidad, además de crear una unidad técnica para gestionar los procesos de extradición con eficiencia.
