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En el marco del Día Nacional de la No Violencia contra la Mujer, la presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, Sofía Figueroa, advierte sobre la urgencia de políticas públicas sostenidas.
El Día Nacional de la No Violencia contra la Mujer, que se conmemora este 25 de noviembre, es un momento de reflexión y también de acuerdos interinstitucionales, señala Sofía Figueroa, presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura.
Desde su perspectiva, no está de acuerdo con que el esfuerzo de las instituciones se diluya, ya que existen múltiples mesas convocadas con el mismo objetivo, cuando debería existir una política de Estado unificada.
La prevención debe atacar el problema de fondo: la persistencia de una estructura patriarcal, lo cual solo se logra formando integralmente al ser humano.
Para Figueroa, es necesario incorporar la perspectiva de género en el sistema educativo, desde las escuelas hasta los colegios.
En el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Ibarra se presentó una cartilla para identificar a las instituciones que trabajan en esta temática y los servicios que ofrecen.
Además, se han establecido rutas accesibles tanto en zonas urbanas como rurales, para que las víctimas de violencia sepan a dónde acudir y reciban una respuesta efectiva de protección.
Como Corte Provincial, en los dos últimos años se ha articulado con la Fiscalía y la Policía Nacional para identificar los problemas que surgen en la atención a las víctimas.
Los gobiernos municipales y provinciales deben definir políticas públicas, implementar proyectos y comprometer recursos para la prevención. “Si no trabajamos en prevención, nos volveremos a ver el próximo año con la misma problemática y con indicadores muy elevados de juzgamiento en el sector de justicia”, advierte.
En el caso de personas que ejercen la violencia se debe combatir a su conducta y comportamiento que deben ser corregidas. Es partidaria que se privilegie las penas no privativas de libertad.
Casos en Imbabura
Las unidades judiciales en los seis cantones de Imbabura han atendido, entre enero de 2024 y octubre de 2025, más de 4.000 causas, y han emitido más de 3.000 medidas de protección. Las Unidades Penales han registrado más de 11.000 causas en ese mismo período.
Figueroa afirma que, pese a todos los esfuerzos y compromisos de las entidades del Estado, la justicia sigue siendo el último eslabón donde se juzga el problema.
En Imbabura se registraron cuatro casos de femicidio el año pasado y tres en lo que va del presente año.
Cerca de tres décadas de trabajo
La jurista considera que Ecuador avanza de manera positiva para enfrentar este problema social.
En 1997, Figueroa fue la primera Comisaria de la Mujer y la Familia del cantón Otavalo. Era una de las dos funcionarias en Imbabura —la otra en Ibarra— que iniciaron un modelo de gestión con el respaldo de una organización no gubernamental.
Recuerda que atendía la asesoría legal, la atención psicológica, el trabajo social y las acciones de prevención.
“Qué difícil fue ser la primera mujer que administraba justicia en un tema que era tabú, que de alguna manera la sociedad justificaba”, reflexiona.
Han transcurrido cerca de tres décadas y es consciente de que las estadísticas aún no son alentadoras.
