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El paro cumplió 16 días con Imbabura como epicentro del conflicto. Expertos denuncian indiferencia estatal y falta de estrategia para resolver la crisis.
No ha existido una preocupación real por solucionar el drama económico y social que enfrenta la provincia de Imbabura, en el día 16 del paro nacional.
Ese es el criterio de Juan Manuel Fuertes, exsubsecretario de Gobernabilidad, quien se refirió a las declaraciones del ministro del Interior, John Reimberg: “No permitiremos que nadie altere la paz de Quito”.
Según el experto, esa afirmación implica tácitamente que no se buscará una solución mediante el diálogo, sino que se apelaría a la represión, ya que el Gobierno dispone de mecanismos para evitar la alteración del orden.
Fuertes cuestiona que, si el Gobierno tiene condiciones para enfrentar una posible movilización indígena en la capital ecuatoriana, ¿por qué no ha actuado en Imbabura y ha dejado pasar tanto tiempo?
En el momento actual, la situación para los imbabureños es peor. La dirigencia de la Conaie no ha logrado que el paro tenga una connotación nacional. Se impulsaba una movilización indígena hacia Quito, lo que habría ayudado a destrabar la situación en Imbabura.
Sin embargo, esa movilización no se produjo, y el único sector del país en donde el movimiento indígena se encuentra atrincherado es en Imbabura, lo que ha agudizado el conflicto.
Por eso, Lenín Farinango, dirigente del pueblo Karanki, ha hecho un llamado a una paralización total, ya que no tienen otra urbe en la que puedan demostrar su intervención.
“El enfrentamiento entre el Gobierno y el movimiento indígena tiene una seria importancia en el análisis, pero para los imbabureños que estamos atrapados, el drama persiste en esta suerte de secuestro masivo que soportamos”.
Un paro distinto a otros
El actual paro muestra que tanto el Gobierno como el movimiento indígena apelan a una estrategia común que busca generar cansancio en la otra parte. Desde el punto de vista estatal, es comprensible, ya que esta manifestación es distinta a las de 2019 y 2022.
Por parte del movimiento indígena, debe mencionarse que sostener un paro por más de tres días es una tarea difícil. Por eso, ante la prolongación de la medida de hecho, lo mínimo que se puede asumir es que existe un financiamiento externo que permite su mantenimiento.
Desde el primer día del paro se ha observado un fenómeno de violencia histórico. “Hemos visto en imágenes una violencia premeditada, una articulación táctica propia de circunstancias no convencionales”, señala Fuertes.
El interés en Quito
El Gobierno ha establecido una categorización de ciudadanos en función de la distribución geográfica o del número en el padrón electoral.
Según Fuertes, el ministro del Interior ha indicado que Quito tiene una condición superior a la provincia de Imbabura.
En consecuencia, cree que, si existe riesgo de alteración del orden público en la capital, el régimen desplegará la fuerza pública para evitar el conflicto.
Sin embargo, eso contrasta con lo que ha ocurrido durante estos 16 días en Imbabura, donde se ha evidenciado la indiferencia del Gobierno.
Pese a que han transcurrido más de dos semanas, con efectos económicos, sociales y psicológicos, no solo se observa la indiferencia del Gobierno, sino que Reimberg desaprueba la intervención diciendo: “Con Quito no pueden meterse, pero ustedes allá resuelvan”.
