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El Gobierno y la Conaie radicalizan posturas en medio de protestas por el alza del diésel. La tensión escala con enfrentamientos, detenciones y acusaciones de vínculos con grupos criminales.
El Gobierno Nacional y la Conaie radicalizan sus posiciones en medio de movilizaciones que cobran mayor fuerza en la región Sierra del Ecuador.
El presidente Daniel Noboa señaló en Latacunga, provincia de Cotopaxi, que antes de retroceder prefiere morir y quedarse luchando.
Añadió que no cederá ante presiones, como lo hicieron los gobiernos en 2019 y 2022.
El galón de diésel subió de 1,80 a 2,80 dólares, por lo que el régimen anunció el retiro del subsidio a este combustible.
Los cerca de 1.100 millones de dólares que provienen de ese fondo se destinarán a bonos sociales.
Otro de los anuncios de Noboa fue que los “narcoterroristas” irán a prisión, e hizo referencia a dos ciudadanos de Venezuela que, supuestamente, serían integrantes del ‘Tren de Aragua’.
También afirmó que manifestantes habrían intentado interceptar con “voladores” un helicóptero del Ejército que sobrevolaba Otavalo.
En su cuenta de x publicó: “quedaron en evidencia que serían financiados y rodeados por criminales del Tren de Aragua”, además incluyó fotografías de los detenidos.
Conaie piden no confundir
Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que convocó a la protesta, pidió al mandatario que no polarice ni confunda a los ciudadanos.
La organización sostiene que no se puede inculpar al pueblo que se organiza de ser parte de mafias criminales, y que esa afirmación es una muestra de debilidad frente a la resistencia.
“Los pueblos y nacionalidades indígenas, junto a los sectores sociales movilizados, no son delincuentes: son quienes producen los alimentos, cuidan el agua y defienden los territorios”, agregó en un comunicado.
La organización denunció que, en este segundo día de paro, policías detuvieron a un dirigente indígena en la sede de una organización comunitaria, ubicada en la y de Tabacundo-Cayambe.
Asegura que se trata de una violación constitucional y una transgresión a los derechos colectivos.
