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Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, advierte que el poco tiempo destinado para el debate del referéndum y la consulta popular impide una discusión seria sobre temas que podrían transformar el ordenamiento jurídico.
El referéndum que puede modificar directamente los contenidos de la Constitución, así como una consulta popular que podría dar paso a una renovación total del ordenamiento jurídico, no deben manejarse en un período corto de tiempo.
Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, cuestiona que en apenas dos semanas no será posible realizar un análisis profundo: habrá pocos días para paneles, debates y presentación de propuestas que permitan a los ciudadanos contar con los insumos necesarios para sacar sus propias conclusiones.
El experto considera que resulta irresponsable abordar temas tan importantes como los planteados en las tres preguntas del referéndum y la consulta, que podrían abrir las puertas a un proceso de dos años para cambiar completamente el ordenamiento jurídico.
Alarcón también expresa su preocupación de que esta se convierta en una consulta popular más, de aquellas que terminan siendo costosas encuestas destinadas a medir la popularidad, credibilidad y confianza del presidente de la República.
Como ejemplo, recordó las dos últimas consultas: Guillermo Lasso convocó una, formuló algunas preguntas y fue rechazado porque la ciudadanía estaba harta de su forma de gobernar. En cambio, Noboa convocó un referéndum con preguntas similares y recibió un “sí”, porque agrada su estilo.
El directivo considera que las instituciones no deben responder a pedidos específicos de los gobiernos o de sus autoridades.
Información correspondiente
El jurista señala además que la campaña electoral comenzó antes de lo que establecía el calendario oficial; sin embargo, ahora, ya dentro del período legal definido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), ha escuchado algunos anuncios radiales que no tienen relación alguna con el contenido del referéndum y la consulta.
Alarcón comprende que en 30 segundos de una cuña promocional se puede comunicar muy poco, pero insiste en que los actores políticos y sociales que reciben fondos de promoción electoral deberían difundir la información correspondiente y no ofrecer mensajes incompletos o desinformativos.
El director citó, por ejemplo, que hay ciudadanos que creen que se eliminará completamente el financiamiento público de las organizaciones políticas, incluidas las campañas electorales, lo cual no es cierto. El anexo de la pregunta 2/B se relaciona únicamente con el Fondo Partidario Permanente y no con el Fondo de Promoción Electoral.
Este tipo de aclaraciones deberían difundirse durante la campaña por parte de la ciudadanía a través de las redes sociales, de los periodistas en sus espacios, y, sobre todo, de los actores políticos.
Estos últimos no solo están recibiendo recursos públicos para hacer campaña a través de los medios de comunicación, sino que también deben demostrar un alto nivel de responsabilidad y respeto hacia los ciudadanos.
