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Cinco personas más fueron vinculadas y se suman a las 40 procesadas, luego del allanamiento realizado en el lucrativo e ilegal «negocio» instalado en una amplia oficina en La Carolina. Para los nuevos vinculados, el juez ordenó su prisión preventiva.
Fiscalía vinculó a cuatro personas naturales y una jurídica al proceso penal que investiga el presunto delito de delincuencia organizada con fines de extorsión, luego de allanar un call center ubicado en el norte de Quito en donde detuvieron a 40 personas, que se encuentran procesadas por presuntamente conformar una red criminal que operaba bajo la fachada de la empresa LKL CALL S. A. S., desde donde se ejecutaban actos de extorsión dirigidos a ciudadanos de Ecuador y México.
Con base en más de cuarenta elementos de convicción presentados durante la audiencia de vinculación, el juez anticorrupción que conoció la causa, dispuso prisión preventiva para las personas naturales y ordenó oficiar a la Superintendencia de Compañías que proceda con la clausura provisional y la suspensión temporal de la empresa. Adicionalmente, se impusieron otras medidas para los cinco vinculados: prohibición de enajenar bienes y congelamiento de cuentas bancarias, con excepción de los rubros relacionados con pensiones alimenticias o jubilares. La instrucción fiscal se extenderá por 30 días más.
El rol que cumplía cada procesado
Durante el desarrollo de la audiencia, Fiscalía detalló las razones por las que presentó cargos penales en contra de: la persona jurídica LKL CALL S. A. S., una empresa constituida en enero de 2023, que habría sido utilizada como fachada para actividades ilícitas relacionadas con extorsión y amenazas. Los operadores habrían enviado mensajes y correos con contenido violento y amenazante a víctimas en Ecuador y México, exigiéndoles dinero a cambio de no difundir ese material.
La empresa fue allanada en junio de 2025 y su dirección operativa no coincidía con la registrada oficialmente. En el sitio realizaban llamadas extorsivas y producían montajes fotográficos de carácter sexual para intimidar a las víctimas.
Emily Daniela J. era la representante legal y gerente general de la empresa. Salió del país luego de haber sido notificada por Fiscalía y tiene orden de captura vigente. Margarita Fernanda J. también fue representante legal y gerente general, posee el 100% de las acciones de la empresa y registra movimientos bancarios con Emily Daniela J. y con cuentas de LKL CALL S. A. S.
Lo que recaudaban mensualmente
Edwin Rodrigo M. es contador y reveló que la empresa facturaba mensualmente entre 5.000 y 67.000 dólares, provenientes de cuentas de México y Ecuador. Afirmó que más del 80% del personal (100 personas) no tenía contrato ni afiliación al IESS, y que los sueldos se pagaban con fondos del exterior. Fiscalía recordó que la omisión de denunciar este tipo de hechos también constituye delito, según el artículo 277 del COIP.
Mientras fue Michael Edward M., es técnico de sistemas y luego supervisor, se encargaba del mantenimiento de los equipos y del software usado por los operadores. La empresa utilizaba sistemas como Pegasus para ocultar sus actividades ilícitas y se conoce que los afectados eran captados mediante créditos ofrecidos sin autorización legal a través de aplicaciones y anuncios en redes sociales.
