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William J.A.B es atribuido como responsable del asalto de las instalaciones del canal TC Televisión. El individuo requerido por el Ecuador fue detenido en un operativo en España, en noviembre de 2024.
Para que William J.A.B., alías ‘comandante Willy’, imputado como uno de los cabecillas de Los Tiguerones, sea extraditado al Ecuador, el país debe garantizar su vida e integridad personal.
Este sujeto es uno de los sospechosos que habrían ingresado por la fuerza a las instalaciones del canal TC Televisión, en Guayaquil.
El suceso se produjo el 9 de enero de 2024, aproximadamente a las 14:00, mientras desarrollaban una transmisión televisiva en directo.
El hecho conmocionó al país que se encontraba soportando una ola de violencia. La noticia se esparció a escala mundial.
Magistrados españoles conocieron que los atacantes neutralizaron al personal que trabaja en el canal, luego amenazaron a un presentador apuntándole a su cabeza con un arma de fuego.
Asimismo, se pusieron al tanto que al comunicador le colocaron elementos explosivos en el bolsillo de su chaqueta, para que él pidiera de rodillas que no le hagan daño.
Según el relato, los empleados del canal fueron obligados a pedir a los miembros de la Policía Nacional que abandonaran las instalaciones.
Un caso por terrorismo
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal en un auto consideró que los hechos, de acuerdo a las leyes ecuatorianas, constituye terrorismo.
Este delito tendría su correspondencia en el Código Penal español, especialmente los artículos 573 y siguientes.
«En este procedimiento no se observa ni prescripción de los hechos ni cosa juzgada ni se trata de un delito político», señala el fallo.
El Tribunal desestimó en su resolución la tesis planteada por la defensa para denegar la extradición.
No obstante, considera que el Pleno de la Sala de lo Penal ya decidió en otra extradición de este mismo sujeto.
Es que debido a la situación de violencia que existe en las cárceles en Ecuador es necesario exigir unas garantías al país para proceder a la extradición.
La Sala condiciona la entrega a que las autoridades de Ecuador briden garantías suficientes adoptando medidas mínimas.
Entre ellas, desarrollar acciones concretas indicadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tendientes a garantizar de forma efectiva los derechos a la vida e integridad personal de las personas recluidas en sus centros penitenciarios.
Para ello, da un plazo de tres meses empezará a contarse desde la notificación de ese auto.
